Una pareja de la tercera edad que denunció por el delito de despojo de un predio a una de sus vecinas en Capoacan, fueron vinculados a proceso por amenazas, bajo lo que ellos presumen, se trató de la venganza ejecutada por la persona a la que acusan, la que se abría sentido agraviada una vez perdió el pleito legal.
Se trata de Juana Ramírez García y su esposo Razomel Izquierdo Cruz, quienes el 24 de diciembre de 2022, interpusieron la denuncia formal por la invasión del predio asentado en el camino principal del poblado Capoacan.
Para tal efecto se dio apertura a la carpeta de investigación 1009/2022, dándose el desahogo de las pruebas, confirmándose que la pareja de adultos mayores contaba con toda la documentación legal que les acredita como propietarios del terreno.
Presuntamente en un acto de venganza, la parte señalada de quien se reserva identidad, acusó a Juana y Razomel por amenazas.
De esta manera nació la nueva carpeta 329/2024, en la que se desahogó el señalamiento, de quien de victimario pasó a víctima, persona que culpó a sus vecinos de las amenazas de muerte en su agravio.
“Me denuncia que yo la agredí con machete, yo tengo pruebas contundentes que estuve todo el día en el IMSS, y luego que me dice la juez, a la hora de la audiencia, que esos documentos no son válidos, porque cuentan una hora desfazada, que no valen”, recordó la dama de profesión maestra retirada.
Destacó que desde hace 10 años se trata de artritis reumáticas, por lo que, el día 19 de junio cuando supuestamente cometió la acción de amenaza contra de su demandante, ella se encontraba gestionando todo lo necesario para su seguimiento médico, junto a su esposo.
Fue la juez de control, Ariadna Lizeth Noriega Landa, la autoridad a la que se le presentaron las pruebas en las que la pareja señalada de amenazas, el día y hora en la que los imputan de haber cometido dicho delito permanecían en el IMSS de Minatitlán.
“Como la mandan a proceso, en venganza, moviliza la demanda, fue que se nos vinculó. Pero yo no estuve en ese lugar el día y hora que dicen”.
Pese a esto, los adultos mayores precisan que la jueza de control se condujo de manera irregular en la audiencia, dando prioridad a quien culpó, sin aparente prueba alguna.
Una vez los vinculó a proceso la medida preventiva es que ambas personas no se pueden acercar a la probable víctima, la cual está condicionada a acudir a firmar cada 15 días, en medio de las diligencias que se externan en la carpeta de despojo, situación que habría detonado este segundo caso.
“Dice la persona que yo la agredí cerca de su casa (Capoacan) con machete, y que le dije un sinfín de cosas, algo que está totalmente fuera de sí, y yo comprobé que traía una férula en el tobillo quebrado; entonces yo no estaba ahí, estaba en el Seguro Social, y la juez no permitió que yo declarara del problema del terreno con la supuesta amenaza, pero todo es por la invasión del predio”, agregó.
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