Defensa de Lozoya responde a la FGR y dice que pruebas desechadas se obtuvieron ilegalmente

La defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contestó a los señalamientos que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) y destacó que las pruebas que fueron desechadas, supuestamente fueron obtenidas ilegalmente.

Mediante un comunicado, el despacho Ontiveros detalló que, según a lo que explicaron las autoridades, la eliminación de las pruebas por el Caso Odebrecht, fue porque presuntamente fueron ‘obtenidas ilícitamente’, sobre todo las que están relacionadas a la ‘falta de control judicial’.

“Que la Fiscalía General de la República haya recibido dichas pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales”, se pudo leer el lunes 25 de agosto.

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Sumado a lo anterior, señalaron que habría existido una violación de derechos que emitió la resolución judicial, la cual ellos calificaron como correcta, legal y acorde a un modelo democrático de derecho penal, opuesto al planteamiento de la FGR.

En un segundo punto, los litigantes también argumentaron que no solamente en México se han desechado pruebas sobre el Caso Odebrecht, sino que también ha ocurrido en otros países como Brasil, que es donde la empresa involucrada en los casos de corrupción tenía su sede.

“Esta sentencia (la del Supremo Tribunal de Brasil) (...) deja claras las graves violaciones a derechos fundamentales cometidas a escala de la investigación y del juicio del caso Odebrecht y que impactan en el resto de casos instaurados a escala mundial”, aseveraron.

Las violaciones se tratarían de una supuesta flagrante ineficacia en la cadena de custodia de los sistemas informáticos de Odebrecht, de la cual se tuvo la mayoría de la información para imputar a diversos actores a nivel internacional. Asimismo, la defensa de Lozoya también remarcó que existió una presunta mecánica en donde fiscales brasileños, así como un juez se habrían coludido para imputar a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

“A estas dos flagrantes violaciones a los derechos fundamentales se suma una tercera —que no es la última—, consiste en coacción psicológica ejercida sobre diferentes testigos, lo cual ocasionó enfermedades y muerte de personas vinculadas al caso Odebrecht”, subrayaron.

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A consecuencia de estas fuertes declaraciones, la defensa admitió que todos sus dichos se basan en la sentencia que emitió el máximo tribunal de la nación sudamericana sobre el caso de su actual mandatario.

Debido a todo lo anterior que sentenciaron que las pruebas con las que cuentan son ilícitas, lo que inutiliza su utilización en México, “de ahí que la resolución dictada en esta materia en nuestro país sea lícita, legal y ejemplar”.

Finalmente, acerca de un supuesto beneficio para Emilio Lozoya, tanto Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso apuntaron que en ningún artículo de la legislación de México se niega que un ciudadano pueda tener acceso a, por ejemplo, un acuerdo reparatorio, aunado a la suspensión del Caso Agronitrogenados, el cual dijeron está basado en instrumentos internacionales.