Orfis aportará más datos sobre los presuntos desvíos de Edel Álvarez

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) analizará nuevamente documentación sobre los presuntos desvíos de recursos en el Poder Judicial del Estado, durante la administración del magistrado Edel Álvarez Peña, luego de que una investigación periodística reveló actos de corrupción relacionados con la construcción de ciudades judiciales.

En su visita a Imagen de Veracruz, la auditora general Delia González Cobos, dijo que los señalamientos sobre la presunta entrega de contratos a cerca de 20 empresas, algunas de ellas fantasmas, por 350 millones de pesos, encendieron las alertas nuevamente en el Orfis.

Recordó que el Órgano de Fiscalización Superior llevó a cabo una auditoria de legalidad y surgieron observaciones que se hicieron, cuyo análisis debió atender el Órgano Interno de Control del Poder Judicial.

Aunque el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, señaló que no debe de existir impunidad en el Poder Judicial de Veracruz y se deben de investigar los supuestos desvíos de recursos detectados, hasta el momento no se ha solicitado información alguna al Orfis.

“Vamos a hacer una revisión de la documentación con la que contamos en función de la inquietud que ha generado el tema. Tenemos facultades para hacerlo, la Ley lo permite y vamos a hacer la revisión acerca de las adjudicaciones que en su momento se hicieron. Se habla de empresas fantasma y en su momento esa fue una facultad que correspondía realizar y que seguramente atendió el Órgano Interno de Control”.

El Orfis cuenta con los expedientes de los contratos realizados para llevar a cabo las obras de Ciudades Judiciales que iban a ser creadas para que el Poder Judicial contara con inmuebles adecuados para la función que realiza.

Delia González Cobos insistió que en su momento realizaron una auditoría de legalidad y las observaciones administrativas corresponden ser atendidas a través del Órgano Interno de Control del ente fiscalizable.

“De las observaciones que realizamos las enviamos al órgano interno de control para su atención. Solamente en los casos detectados de entes fiscalizables daños patrimoniales y observaciones que en su momento quedaron pendientes e implicaron daño patrimonial a la hacienda pública, nosotros actuamos y presentamos las denuncias, en esos términos están nuestras facultades”.

De acuerdo a la información, desde 2017 la Contraloría General del Poder Judicial y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado detectaron irregularidades, pero a la fecha no hay sanciones ni investigaciones contra los probables involucrados.

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no debe haber impunidad y se busca desterrar la corrupción. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de dar seguimiento e informe sobre el tema.