El Registro Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género inscribió a tres políticos de Veracruz: María Esther López Callejas y Virginia Roldán Ramírez, y Jaime López Montalvo, presidente municipal de Tlilapan por Movimiento Ciudadano.
A María Esther López Callejas, la sentencia se derivó del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) 564/2022, donde la víctima argumentó que la presidenta municipal obstaculizó su ejercicio del cargo como regidora, por su condición de "mujer y joven".
El Tribunal Electoral de Veracruz encontró que la presidenta municipal había dado un trato diferenciado a la edil, al ser la única que no cuenta con un auxiliar, derivado de que la alcaldesa la corrió.
"Lo anterior como acto intimidatorio y de venganza por haber demandado vía juicio ciudadano diversos actos que, a su decir, obstaculizan el ejercicio de su cargo; así como violencia política contra las mujeres en razón de género", señala el expediente.
La regidora morenista Virginia Roldán Ramírez, además de ser inscrita en el registro, recibió como sanción una disculpa privada por haber emitido "expresiones hacia la víctima que invadieron su derecho de identidad, su autonomía sobre el uso de su nombre y apellido de su cónyuge.
Esto "con el fin de denostarla, haciéndola ver como mal ejemplo ante la ciudadanía y demeritar su posición en el Cabildo".
Según el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 1/2023 que dio origen a la sentencia, el TEV acreditó que inicialmente la regidora procedió contra la víctima, criticándola por usar el apellido de su cónyuge en lugar del suyo, lo que refuerza estereotipos de género.
Su queja fue desechada en primera y segunda instancia. Después, la agraviada presentó su propia denuncia por todo lo vertido por la regidora morenista y obtuvo una resolución en la que se reconoció que sí fue víctima de violencia política.
En el caso de Jaime López Montalvo, se encontró que violentó a la síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan, al ser la única edil que no tiene asignado personal auxiliar a su cargo, lo que generó un impacto desigual que le afectó de manera desproporcionada, así como la suspensión del pago de remuneraciones.
Antes de la sentencia del JDC-594/2022, la síndica y el regidor único, Jovita Cortés Guzmán y Luis Gustavo Tiburcio Aguas, señalaron que pedirían la intervención de la Legislatura al enfrentar un constante bloqueo de sus funciones.
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