Gobernante se desgasta, mientras la fiscal lo deja solo

Como era de esperarse, el pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, más aún cuando el gobernador del estado declaró que tras determinación de máximo órgano enviaría este martes al Congreso la propuesta de creación de un nuevo delito, con el fin de que subsista la figura legal que a su decir castigue a delincuentes que agredan policías.

Al gobernador le irritó la resolución, aunque sabía que ello era muy probable ocurriera. Así, con 10 votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, sobre el delito de ultrajes a la autoridad, por considerar que violenta los derechos humanos de los ciudadanos.

“Es inválido el tipo penal de ultrajes a la autoridad previsto en el Código Penal de Veracruz, debido a que contiene una restricción al derecho de libertad de expresión que no supera un escrutinio tripartito por no cumplir con el principio de taxatividad”, fue parte de la argumentación de la Suprema Corte.

Durante la discusión, los ministros consideraron que no existe precisión para establecer de manera puntual las conductas que están prohibidas y las sanciones que, en su caso, se deberán imponer a quienes las cometan. En su proyecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, estableció que “la norma impugnada tiene un impacto desproporcionado sobre las personas, pues al criminalizar cualquier amenaza o agresión sin poder saber a priori, si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión”.

Lo anterior –agregó–, ante el miedo de que, por expresar sus opiniones, “sean sujetos de la acción penal del estado” circunstancia que limita, de manera irrazonable, el ejercicio de esa libertad. Tras conocerse la resolución, el presidente de la Jucopo en el Senado de la República, Ricardo Monreal, celebró en sus redes sociales el fallo de la Corte, al considerar que se trata de una decisión justa y correcta que abre una puerta para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por ese ilícito.

Una vez que la sentencia de la Suprema Corte cause estado y se publique en el Diario Oficial de la Federación, la Fiscalía tendrá que iniciar los procesos de liberación respecto de las personas que se les ha imputado única exclusivamente el delito de ultrajes a la autoridad, si ello no ocurriese así -que es lo más probable, auguran juristas veracruzanos- entonces los imputados a través de sus abogados defensores tendrían que promover sus respectivos amparos para lograr su libertad.

Por ahora más allá de las expresiones, declaraciones y augurios, lo realmente preocupante para gran parte de los abogados en aquella entidad, es lo expresado por el gobernador quien insiste en arrojar culpas al pasado, además de aferrarse a la idea de mantener un delito por capricho, al grado tal de expresar que creará un nuevo delito que al igual que ultrajes, pero con otra redacción castigará a quienes supuestamente atenten contra la autoridad.

Es importante señalar la extrañeza que ha causado en los expertos, el hecho de que, a lo largo del proceso de resistencia del gobierno veracruzano por mantener el delito de ultrajes a la autoridad, la autoridad directamente responsable, que es la fiscal general, no ha dado la cara, no ha emitido declaración alguna al respecto y muchos menos ha explicado el porqué de la insistencia por mantener ese delito que ha propiciado que sus fiscales de litigación imputen a presuntos jefes de plaza este tipo penal que durante esta administración se agravó para justificar legalmente la prisión preventiva.

El gobernante como se ha comentado en este espacio se encuentra sumamente desgastado y lamentablemente hoy pretende continuar la “pelea” al insistir en que ahora enviará una propuesta de un nuevo delito que castigue la misma conducta que ultrajes, pero con otro nombre y otras palabras.

Lo alarmante, revelan propios y extraños es que los autores intelectuales de este hecho se encuentran en su zona de confort, mientras el mandatario continúa exponiéndose terriblemente, acorralado, vapuleado y desgastado innecesariamente.