Crónicas del Poder: La extorsión en el sur, ya es un mal endémico

-     Urgen respuestas en todos los niveles

-     El Jalisquito no es excepción... es la regla

La extorsión no es un fenómeno nuevo en México, pero su persistencia y evolución en regiones como el sur de Veracruz evidencian un problema estructural que sigue sin atenderse con la seriedad que merece.

El reciente caso del dueño del bar Jalisquito en Minatitlán no es solo una historia más de violencia y desesperación; es un reflejo crudo de la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizarles un entorno seguro para vivir y trabajar.

Este incidente, en el que un empresario se vio obligado a arriesgar su vida para defender su patrimonio y la de sus empleados, debe ser un llamado de atención para las autoridades y la sociedad en general.

La extorsión no solo lacera la economía local, sino que también corroe la confianza en las instituciones y perpetúa un ciclo de violencia que parece no tener fin.

UN PROBLEMA SISTÉMICO CON RAÍCES PROFUNDAS

La extorsión en el sur de Veracruz no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado de violencia y delincuencia organizada que ha crecido en la sombra de la impunidad y la corrupción.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz se encuentra entre los estados con mayor incidencia de extorsión en el país.

Sin embargo, las cifras oficiales suelen ser solo la punta del iceberg, ya que muchos casos no se denuncian debido al miedo a represalias o a la desconfianza en las autoridades.

El caso del Jalisquito puede ser emblemático porque ilustra cómo las redes del crimen organizado operan con impunidad, infiltrándose en la vida cotidiana de los negocios y exigiendo "cuotas" bajo la amenaza de violencia.

El dueño del bar relató cómo los extorsionistas aumentaban sus exigencias semana tras semana, hasta que decidió no pagar más.

Esta decisión, valiente pero desesperada, lo llevó a enfrentarse directamente a sus agresores, resultando en un enfrentamiento violento que dejó a los extorsionistas muertos y a él con un negocio destruido y una vida en riesgo.

EL JALISQUITO NO ES EXCEPCIÓN... ES LA REGLA

Este caso no es una excepción, sino la regla en una región donde la delincuencia ha normalizado la extorsión como un "impuesto" más para los empresarios.

Pequeños y medianos negocios, como bares, restaurantes y tiendas, son particularmente vulnerables, ya que carecen de los recursos para contratar seguridad privada o trasladarse a zonas más seguras.

La falta de una estrategia coordinada entre las diferentes corporaciones policiacas agrava el problema, dejando a los ciudadanos a merced de los criminales.

Uno de los aspectos más preocupantes de este fenómeno es la aparente incapacidad del Estado para combatirlo de manera efectiva.

A pesar de los discursos oficiales sobre la lucha contra el crimen organizado, la realidad en el sur de Veracruz es que las autoridades parecen estar un paso atrás de los delincuentes.

La falta de coordinación entre las diferentes corporaciones policiacas, la corrupción interna y la escasa inteligencia criminal han permitido que las redes de extorsión operen con impunidad.

La desconfianza en las instituciones es tal que muchos empresarios prefieren no denunciar, lo que perpetúa el ciclo de violencia y extorsión.

Además, la estrategia de seguridad centrada en el uso de la fuerza militar y la creación de la Guardia Nacional ha demostrado ser insuficiente para abordar problemas como la extorsión, que requieren un enfoque más integral y localizado.

Los expertos aseguran que la militarización de la seguridad pública puede ser efectiva en el corto plazo para disuadir a los grupos criminales, pero no aborda las causas profundas del problema, como la falta de oportunidades económicas, la corrupción y la debilidad del sistema judicial.

TERRIBLE IMPACTO EN NEGOCIOS

El impacto de la extorsión va más allá de la violencia directa. Para los empresarios, pagar "cuotas" a los delincuentes significa reducir sus márgenes de ganancia, lo que a menudo los lleva a recortar gastos, despedir empleados o, en casos extremos, cerrar sus negocios.

Esto tiene un efecto devastador en la economía local, especialmente en regiones como el sur de Veracruz, donde la actividad económica ya es limitada.

Además, la extorsión genera un clima de miedo e incertidumbre que desincentiva la inversión y el emprendimiento. ¿Quién querría abrir un negocio en una zona donde es probable que sea extorsionado o incluso atacado?

Este círculo vicioso de violencia y estancamiento económico contribuye a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad.

Ante este panorama desolador, es tentador caer en el pesimismo. Sin embargo, hay medidas concretas que podrían marcar la diferencia.

Es urgente que las autoridades locales y federales desarrollen una estrategia coordinada para combatir la extorsión, que incluya no solo operativos policiacos, sino también programas de inteligencia criminal, protección a testigos y fortalecimiento del sistema judicial.

La creación de unidades especializadas en extorsión, con personal debidamente capacitado y equipado, podría ser un primer paso.

El caso del Jalisquito es una tragedia, pero también una oportunidad para reflexionar y actuar.

La extorsión no es un mal inevitable; es el resultado de décadas de negligencia y corrupción. Combatirla requiere voluntad política, recursos y, sobre todo, un compromiso genuino con la justicia y la seguridad.

El tiempo de las excusas ha terminado; es hora de actuar antes de que más vidas y negocios sean destruidos.

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