Desde meses atrás, las carreteras de Veracruz se han convertido en el eje central de muchas conversaciones públicas y privadas.
Quizá ni en los peores momentos de los latrocinios cometidos en la administración estatal por Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, las rutas carreteras de la entidad se encontraron en un abandono y destrozo brutal.
Transitar de día es peligroso; de noche, el riesgo se duplica o triplica.
Rutas que normalmente se cubrían en tres horas y media, como la Veracruz-Coatzacoalcos, hoy en día suman hasta seis o siete horas de trayecto.
Primero fue la reparación de un puente, la cual empezó a provocar lentitud en el tránsito vehicular. Al paso de los días, la autopista suma kilómetros de daños, y lo mismo pasa con la ruta estatal.
A pesar de ser dos carriles de ida y vuelta por largos kilómetros, el tránsito se convierte en una fila de vehículos que, en la noche, como pueden, van sorteando los enormes baches.
Conducir sobre el carril alterno significaría perder llantas o la suspensión del vehículo.
Así, en la oscuridad, las unidades van serpenteando, formando filas que suman varios kilómetros.
Y si llega la lluvia, el riesgo aumenta considerablemente; no hay manera de ver los hoyancos.
Si bien es cierto que la falta de recursos para el mantenimiento de las carreteras ha sido un elemento sustancial para su nivel de destrozo, el tránsito de vehículos pesados, que llevan rieles, durmientes, balasto y otra gran cantidad de materiales para la construcción del Tren Maya, se ha sumado al desgaste de las vías.
A lo largo del sexenio, el tránsito de estas grandes unidades por las carreteras de Veracruz ha significado un daño que hasta el momento no ha sido subsanado.
Basta permanecer en un parador de alguna caseta y, en un minuto, contabilizar al menos dos unidades pesadas con materiales para el Tren Maya. Y así todo el día.
La reciente decisión del Gobierno de delegar a la Secretaría de la Defensa Nacional -ahora con siglas de uso común de Defensa- la rehabilitación de carreteras en el sur-sureste de México plantea más interrogantes que certezas.
¿Por qué no licitar las obras a compañías constructoras de manera abierta y generar derrama económica en un sector que cada vez enfrenta una mayor crisis?
Aunque la decisión está enmarcada en el programa "Bachetón" y tiene como objetivo reparar los tramos afectados por la construcción del Tren Maya, resulta necesario cuestionar si esta medida es una respuesta temporal a una necesidad urgente o si estamos presenciando una erosión de las capacidades civiles en materia de obra pública.
En teoría, Defensa asume la reparación de 890 kilómetros de vías federales y rurales en estados como Yucatán, Chiapas y Veracruz. Esta cifra no es menor, y aunque se ha argumentado que el Ejército posee la logística y recursos para abordar rápidamente el reto, la realidad es que la delegación de estas tareas podría reflejar una falta de confianza en las instituciones civiles responsables de infraestructura.
¿Qué dice esto del papel de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Y, en el largo plazo, ¿qué riesgos plantea para el país que cada vez más tareas recaigan sobre el Ejército?
Por otro lado, este programa se presenta como un logro de empleo, con 8,500 puestos en la primera fase y 2,760 en la segunda. Pero en un contexto donde la construcción de infraestructura pública debería ser campo fértil para empresas locales y trabajadores civiles, asignar estas tareas a las fuerzas armadas implica que los recursos se centralizan en una sola institución, reduciendo el estímulo económico que podría alcanzar a más sectores de la población.
En el fondo, la militarización de áreas civiles, como el mantenimiento de carreteras, es una tendencia preocupante que nos recuerda la fragilidad de las instituciones civiles.
La ciudadanía necesita reflexionar sobre si esta intervención de las fuerzas armadas representa una mejora en la gestión pública o si, por el contrario, se está sentando un precedente que debilita la capacidad del Estado para responder desde el ámbito civil.
Es tiempo de debatir.
¿Es la militarización de obras públicas la mejor solución, o estamos cimentando una dependencia que, lejos de fortalecer al Estado, podría debilitar su capacidad civil?
¿Y qué dicen los constructores a todo esto?
AL OÍDO
Solo superado por Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador de Durango, ayer el mandatario estatal de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aparecía como el segundo peor administrador de un estado en el país.
Esto de acuerdo a datos y análisis del ranking de Demoscopia Digital.
García Jiménez está clarito, porque representa el peor activo que hoy en día tiene Morena en Veracruz. De ahí la orden de que se oculte mediáticamente. Ni a Rocío, ni a Sheinbaum conviene que abra la boca "El Cantinflas" jarocho.
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