Declara Procuraduría de Medio Ambiente emergencia ecológica en Tierra Blanca

El titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, emitió el acuerdo mediante el cual se declara la emergencia ecológica en el municipio de Tierra Blanca, derivado del mal manejo de la basura, que hoy en día se hace en un tiradero a cielo abierto.

A pesar de ello, la dependencia estatal brinda un periodo de 18 meses, es decir, año y medio, antes de efectuar la clausura total definitiva de dicho lugar e iniciar con la etapa de remediación.

Cabe recordar que derivado de este caso, es que hoy en día se encuentra en prisión el exalcalde panista Tito Delfín Cano, a quien lo señalan de haber cometido delitos ambientales que presuntamente pusieron en riesgo la salud de la población de Tierra Blanca.

“Se ratifica la medida de seguridad impuesta en el sitio camino al Jícaro y carretera a San Joaquín, en el municipio de Tierra Blanca, derivada de la ejecución de la orden de verificación número 141/2022”, dice parte textual del acuerdo.

Con ello se busca garantizar la protección del equilibrio ecológico y la sustentabilidad al medio ambiente.

De igual forma, se busca aplicar las medidas necesarias, para evitar perjuicio a la colectividad por la suspensión de un servicio público de disposición final y la detención de la destrucción de los elementos naturales y de los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad y ante el riesgo inminente de desequilibrio ecológico.

Fue apenas el pasado mes de abril que la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente realizó la inspección al tiradero de basura y ahora busca promover, procurar o dictar las medidas de precaución, prevención, amortiguamiento, saneamiento, corrección, control o seguridad y las sanciones administrativas que correspondan, para fomentar y garantizar el cumplimiento y aplicación de la normatividad en materia estatal, así como disponer e imponer, fundada y motivadamente, las acciones precautorias que resulten procedentes, derivadas de los reconocimientos de hechos que lleve a cabo la Procuraduría en el ámbito de su competencia.