El caso de la desaparición forzada y homicidio del expolicía, David Lara Cruz, es piedra angular en el proceso que se abrió en contra del exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada. Según la Fiscalía, el elemento fue desaparecido por sus propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Sin embargo, ante medios de comunicación, el exmandatario veracruzano preso en el Reclusorio Norte señala que el único testigo que lo acusa como responsable de entorpecer las investigaciones sobre la desaparición y hallazgo sin vida de David Lara Cruz, es el aportado por su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien posteriormente acusó haber sido torturado para declarar en ese sentido.
Duarte de Ochoa acusa que su excolaborador señaló tortura de la Fiscalía General en el periodo de Jorge Winckler para hablar en su contra y así impedir que pudiera salir libre de forma anticipada mediante el beneficio de la preliberación.
Y es que, si bien Javier Duarte fue condenado a 9 años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el año 2018, a la fecha ya estaba en condiciones de pedir su libertad de forma anticipada.
“Solamente queda un solo dato de prueba en esta causa que sustenta la acusación de la Fiscalía en mi contra y ese único dato de prueba que existe en mi contra son los dichos de quien en su momento fue mi secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien también ya declaró, públicamente, que ese testimonio que dio se lo sacaron a través de tortura, que era el modus operandi de la Fiscalía Veracruzana de aquél entonces, tan es así que el fiscal general Jorge Winckler, de aquél entonces, se encuentra precisamente detenido en el penal federal del Altiplano por torturar en esta causa, por lo que te lo digo con toda seguridad, lo único que lograron las autoridades es ganar unos meses .
“Sólo me tomará algún tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pues pasará lo que es inevitable, que espero que más pronto que tarde saldré libre de donde ahora estoy”, señaló el exgobernador a Radiofórmula.
Según la investigación de la Fiscalía, con datos expuestos durante las audiencias de otros exfuncionarios ligados a desapariciones, el 12 de enero de 2016 el entonces elemento de la Secretaría de Seguridad Pública David Lara Cruz acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de donde ya nunca salió.
Fue citado para practicarse las pruebas de Control de Confianza, y a su salida, según la Fiscalía, fue detenido por sus propios compañeros sin que existiera registro de dicha intervención.
Cinco días después, el 17 de enero, la Fiscalía entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras inició la carpeta de investigación 169/2016, por la desaparición del servidor público.
Apenas dos días después, el día 19 de enero, se realizó el hallazgo de diversos restos humanos en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en la Localidad de la Tinaja, en Emiliano Zapata.
El 20 de enero, un día después, peritos adscritos a la Dirección General de los Servicios Periciales, a cargo de Aguirre Garza, así como Policías Ministeriales de la Delegación Regional, a cargo de Carlota Zamudio Parroquín, se presentaron en el lugar donde estaban los 19 cuerpos y restos óseos, entre ellos el de David Lara Cruz.
La Fiscalía señaló que Gilberto Aguirre Garza instruyó, vía telefónica, al perito criminalista que levantó los cuerpos, a solo informar oficialmente del hallazgo de seis cuerpos y ocultar los restantes, incluido el de David Lara Cruz.
Además, la Fiscalía imputó por este hecho a Carlota Zamudio, señalando que el 21 de enero de 2016 ella ordenó que se alterara el informe sobre la inspección en el lugar del hallazgo que habían entregado elementos de la Policía Ministerial bajo su mando.
En el documento reportaban 15 cuerpos y diversos restos óseos, para que solo fuese reportado el hallazgo de seis, es decir, ocultando el hallazgo de los restos de Lara Cruz y de otras 12 personas de las que, a la fecha, se desconoce su identidad.
La FGE indica que, sabedor de esa información, Aguirre Garza ordenó, el 25 de enero, a una perito en dactiloscopía que había logrado identificar a Lara Cruz, que no informara sobre los resultados, mandando a su vez a un perito criminalista que llevara el cuerpo de David Lara a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para simular que había sido encontrado en ese sitio.
El 4 de febrero, Aguirre Garza ordenó informar que el cuerpo hallado en Alto Lucero correspondía al policía estatal; dichas instrucciones, de acuerdo con la Fiscalía, entorpecieron la carpeta abierta con motivo de la desaparición del elemento.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el paradero de los 12 cuerpos, que aparentemente fueron entregados a Los Fieles, un grupo de élite que habría perpetrado desapariciones en distintos municipios de Veracruz durante el periodo de Arturo Bermúdez Zurita como secretario de Seguridad Pública.
Los exfuncionarios mencionados fueron sometidos a proceso, sin embargo, todos consiguieron seguir sus procesos en libertad.
En su entrevista con Radiofórmula, Javier Duarte señaló que, durante la audiencia con la que quedó vinculado a proceso y que tuvo una duración de 30 horas, la Fiscalía presentó la declaración de Gilberto Aguirre Garza en su contra, misma que fue desestimada por el juez.
Abundó que esto ocurrió porque la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presidida por Namiko Matzumoto, demostró que dicho dato de prueba fue obtenido mediante actos de tortura de la Fiscalía de Winckler Ortiz
Se trata de la Recomendación 25/2019 en la que se determinó que el exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía General fue víctima de violación a sus derechos humanos durante el proceso iniciado en su contra.
“Es una chapucería, por decir lo menos, el que traten, mañosa y tramposamente de conducir a la opinión pública diciendo que me vincularon a proceso por el delito de desaparición forzada, que ese sí es un delito de lesa humanidad, es un delito muy grave, es un delito fuerte.
“(…) en la propia audiencia le pregunté exprofesamente a la representante de la Fiscalía General del Estado si se me estaba acusado de haber ordenado, haber participado en la desaparición de persona alguna y la respuesta fue contundente, fue no, no se le acusa de eso”, dijo Javier Duarte en la entrevista.
Por este hecho la Fiscalía también procedió en contra de María del Rosario “N”, quien también se encuentra libre.
Cabe recordar que en junio de 2018 el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, señaló que el ex fiscal general Luis Ángel “N” y el exgobernador Javier Duarte participaron en el delito de desaparición forzada de personas.
El extitular de la SSP, quien está sujeto proceso por este ilícito, aseveró que el entonces Mandatario comentó al extitular del organismo autónomo: “Como si necesitara otro escándalo, como el Tierra Blanca”.
Lo anterior aludiendo a la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente, en Tierra Blanca, suscitado días antes y que motivó al exgobernador a pedir a Luis Ángel “N” ocultar otro caso mediático.
Se refería al número real de cuerpos hallados en la barranca de “La Aurora” en enero de 2016, cuando fueron encontrados 19 restos humanos en esa zona.
Por esta razón, el extitular del Ejecutivo dio la orden al exfiscal Luis Ángel "N" de ocultar el número real de cuerpos hallados en la barranca, cercana a la Academia de Policía de El Lencero, actualmente Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS).
La Fiscalía estableció que hizo una entrevista a Arturo Bermúdez el 7 de mayo de ese año, cuando admitió haber tenido conocimiento sobre el hallazgo y la forma en que determinaron proceder.
Según el extitular de la SSP, él mismo preguntó en una reunión al entonces Fiscal cuántos cuerpos habían sido hallados y éste respondió que por lo menos 15, pero que otros policías ministeriales referían 30.
Relató que fue entonces que el exgobernador dio la orden de que se informara sobre el hallazgo de seis cuerpos y se ocultara el resto, porque: “no se podía dar el lujo de un hallazgo masivo tan cerca de la Academia de policías, porque le iba a partir la madre”.
Arturo Bermúdez señaló que Luis Ángel Bravo Contreras el servidor público más cercano al exgobernador y que actuaba como “un subordinado y obedecía todas las órdenes” como fiscal general; incluso detalló que el exfiscal participaba en todas las reuniones del gabinete, a pesar de que la Fiscalía es un ente autónomo.
En esa reunión con tuvo con el fiscal, Bermúdez afirmó que Luis Ángel Bravo Contreras le habló a la entonces fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”, para que se encargara de las diligencias en la barranca de "La Aurora" y sólo reportara el hallazgo de 6 cuerpos, hecho por el que también fue vinculada a proceso, junto con los otros exservidores públicos de la Fiscalía mencionados.
A partir de dicha versión, la Fiscalía procedió señalando que se orquestó el ocultamiento de los cuerpos hallados en la barranca de la Aurora y en la que habrían participado el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto Meza; el ex director general de las Prisiones del Estado, José Óscar Sánchez Tirado, quien acaba de fallecer recluido y sin sentencia, así como el ex Delegado de la SSP, Alfonso “N” y la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”.
Además, coadyuvaron el ex Director General de los Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza y la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio.
Al igual que a Luis Ángel Bravo Contreras, a Javier Duarte no se le señala como autor de la desaparición del expolicía David Lara Cruz ocurrida el 12 de enero de 2016, sino de haber ordenado la alteración de la escena del hallazgo de sus restos y el de al menos otras 18 personas.
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2024 |