Autoridades de Jalisco sabían del Rancho Izaguirre desde 2021: Gertz Manero

El Fiscal General Alejandro Gertz Manero aseguró que desde el año 2021 las autoridades locales de Jalisco sabían que el Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, era usado como un centro de "reclutamiento, adiestramiento y operación" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sostuvo que esto está demostrado por "confesionales, testimoniales y documentales", en ese sentido adelantó que se investigarán a las autoridades coludidas.

"Ese lugar se estaba empleando para esas funciones. Y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población sobre lo que estaba ocurriendo ahí y no hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024 cuando las fuerzas federales, acompañados por autoridades del estado, tuvieron el enfrentamiento donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de dos personas que estaban secuestradas y una que estaba emplayada, muerta", declaró en conferencia de prensa.

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Cuestionado sobre si el exgobernador Enrique Alfaro o alguna autoridad de su administración tenía conocimiento de las actividades ilícitas en este lugar, Gertz Manero sostuvo que "si en 2021 la propia Comisión de Derechos Humanos del estado ya le había hecho comunicado a las autoridades municipales de la zona, desde el 2021 había conocimiento".

Sobre las versiones que apuntan a que el sitio era también un lugar de cremación, el Fiscal negó que exista evidencia al respecto:

"No hay una sola prueba que acredite ese dicho.No hay pruebas, no se encontraron pruebas de calentamiento a niveles de 200 grados", abundó. Sin embargo, informó que se encontraron zanjas, agujeros con restos de fogatas y una pequeña vasija con huesos. "Esa vasija está en un pequeño montículo", detalló, y agregó que se analiza su antigüedad, la cual podría ser relevante.

Aunado a ello el Fiscal deslindó por completo a la Fiscalía General, particularmente a la delegación de las negligencias y omisiones en el caso, y de las acciones que no se realizaron desde 2024, cuando la Guardia Nacional cateó el Rancho Izaguirre, a pesar de que hoy mismo confirmó que sí se le se dio vista a la delegación de la FGR sobre las armas de alto calibre y de uso exclusivo del Ejército encontradas en el Rancho Izaguirre. Gertz se escudó en que la Fiscalía no tiene facultades de pesquisa, y que sólo actúa cuando se presentan denuncias formales o cuando las autoridades le dan vista. Esto deja en evidencia una profunda descoordinación en el caso.

"El Ministerio Público de la Federación, por mandato constitucional no puede realizar pesquisas. Las funciones de investigación para la prevención del delito o para presentar denuncias les corresponden a las autoridades de prevención del delito, no a la fiscalía. Cuando hay una denuncia esa es una obligación, no es una no es una potestad, es una del Ministerio Público de la Federación abrir una carpeta en el momento en que hay una denuncia sobre un hecho delictivo de carácter federal que ha sido puesto en el conocimiento de la fiscalía", respondió al ser cuestionado al respecto.

Tampoco dio respuesta a preguntas clave, como la verdadera dimensión de lo que ocurría en ese lugar. Cuestionad si con base a los testimonios, hay información de cuántas personas fueron reclutadas, cuántas son víctimas de desaparición o incluso cuántas fueron privadas de la vida en ese sitio, dijo que no hay información.

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"No tengo todavía esa información".

Además, dijo que tampoco se ha establecido la antigüedad de los restos encontrados en una vasija:

Los estamos procesando porque lo que estaba en esa vasija, esos pequeños restos, los estamos procesando.

En varias ocasiones se le preguntó si, con base en los testimonios que ya tienen —tanto de personas detenidas como liberadas—, podía detallar la mecánica de los reclutamientos, y de las privaciones de la vida. Sin embargo, tampoco no ofreció información clara, y volvió a señalar que "se investigará".

El Fiscal insistió en que no hay pruebas de que el lugar funcionara como un crematorio, argumentando que se requerirían indicios de temperaturas superiores a 200 grados. Pero tampoco dio seguimiento a lo que él mismo dijo en la conferencia anterior, cuando dijo que se habían encontrado restos calcinados.

–Usted nos dice que no hay indicios de que es haya se hayan cremado cuerpos en este lugar, pero de acuerdo a las declaraciones del Lastra (reclutador del Cártel) también hablaba de diversas ejecuciones ¿la Fiscalía General de la República tiene hasta este momento contabilizado o un número de cuántas personas pudieron haber sido ejecutadas en este campo de entrenamiento?, le preguntaron.

–No lo tenemos todavía.

–¿Forma parte de las investigaciones?, se le cuesitonó

–Sí, señor, respondió.

Sobre las investigaciones a las autoridades que incurrieron en omisiones —como él mismo lo señaló—, el Fiscal destacó que las autoridades locales sabían desde 2021 lo que ocurría, pero no fue más allá. Se limitó a señalar y aludir responsabilidades únicamente a las autoridades municipales, sin ser claro respecto a la posible colusión de autoridades estatales, federales o de la misma delegación de la FGR. Incluso mencionó que Pablo Lemus había prometido cooperación.

–¿Usted nos dice que hay omisión de las autoridades ¿hasta quién alcanzaría esa omisión? ¿Alcanzaría al exsecretario de seguridad, al exfiscal del Estado de Jalisco?", le preguntaron

–Para fue esa preocupación que usted tiene, creo que el elemento de prueba que más nos va a servir, va a ser la la investigación que estamos haciendo a partir de septiembre de 2024 cuando las autoridades, ahí sí del estado de Jalisco, entraron en esa operación, encontraron esas bolsas y tomaron las fotos. Ahí tenemos un material de investigación que evidentemente nos va a llevar a hipótesis como las que usted está señalando, pero tenemos que esperar a tener las pruebas para poderlas dar a conocer". respondió.

También exculpó a la Guardia Nacional por no haber dado vista inmediata a la FGR cuando realizaron el cateo, encontraron a una persona muerta y hallaron armas de uso exclusivo del Ejército. Justificó que tal vez no lo hicieron porque el caso se abordó como un delito común de homicidio y secuestro.