Derecho y Estado

En un estado de derecho, los poderes y el estado respetan la ley, no intentan evadirla, ni omitirla, ni burlarla, ni eliminarla, ni someterla ¡nada de eso! Cualquier intento de lo anterior se encamina a una dictadura.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido al estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.

Ahí, precisamente ahí, está la definición, ni más, ni menos; es clara, es contundente y es determinante, por eso, en esta mi segunda colaboración me permito insistir en la importancia de hacer valer y prevaler el estado de derecho. Aún existe a quienes incomodan las leyes, intentan construir nuevas a modo. Al poder suele no parecerle el actuar de los máximos tribunales, como ocurre en México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ocasiones parece olvidarse que las leyes son para respetarse y no para modificarse a modo, habrá que recordarles uno de los principios generales del derecho, proveniente del derecho romano, Dura lex, sed lex, que puede traducirse como «la ley es dura, pero es ley». Tal principio es claro, no admite interpretaciones; la aplicación de las leyes es obligatoria sin distingo alguno.

Se trata de un principio fundamental de los Estados de derecho. Y bueno todo ello viene en alusión al reciente movimiento de la Presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los últimos años ha estado en la observancia internacional, con motivo de sendas recomendaciones que orillaron a dicha institución a una discusión poco fructífera para cerrar el 2022. ¡sí me refiero a la prisión preventiva oficiosa!

Luego 2023 llegó con la renovación de la Presidencia del máximo tribunal y así para millones de mexicanos y conocedores del derecho, el arribo de Norma Lucía Piña Hernández es esperanzador, pareciera atenuar la idea, de que aún hay esperanza en la autonomía de las instituciones. El lunes 02 de enero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la eligió por mayoría como su presidenta para el periodo 2023 – 2026.

Norma Lucia Piña, es la primera mujer que preside el Alto Tribunal. Se trata de un arribo histórico que promete imparcialidad. La señora ministra y hoy presidenta dijo al tomar protesta, sentirse honrada, comprometida, responsabilizada moralmente a representar al Poder Judicial de la Federación “con convicción y entrega, con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida, al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero”. Aquí de entrada hay experiencia y hay carrera judicial y se asoma la autonomía. 

Después de tres rondas de votación, Piña Hernández obtuvo seis votos contra cinco de su más cercano competidor, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La hoy ministra presidenta tiene en su basta experiencia ser una férrea defensora de la mujer y de los derechos humanos en general. Los antecedentes que avizoran un respiro en la autonomía de la Suprema Corte están relacionados con su oposición a propuestas impulsadas desde el poder ejecutivo federal -no ahora, sino desde siempre- y que reflejan imparcialidad y no sometimiento.

Ejemplos de su trabajo y defensa por los derechos son muchos; en septiembre de 2021 -por enumerar algunos de ellos- formó parte de la mayoría de los ministros que se pronunciaron por despenalizar la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo. Por el bien de la justicia en México, es un placer ser testigo del arribo de la Primera Mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Existe confianza que, se retome la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡ante todo y todos, el estado de derecho debe prevalecer!