Realizan violento desalojo en colonia fundada sobre terreno propiedad de Pemex | VIDEO

Un intento de desalojo en la colonia Andrés Manuel López Obrador desató momentos de tensión durante la tarde de este jueves, cuando maquinaria pesada derribó al menos seis viviendas sin que se presentara una orden judicial para la acción, aseguraron los mismos ´paracaidistas´. 

La zona, ocupada por familias sin hogar, se encuentra en un predio de Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a la colonia Diaz Ordaz, la cual había permanecido en abandono por más de cinco décadas.

Los habitantes, quienes mantienen un proceso legal contra la empresa petrolera, denunciaron que la irrupción se llevó a cabo sin previo aviso. 

Elementos de Seguridad Física de Pemex, policías estatales y fiscales con sede en Coatzacoalcos participaron en el operativo, sin exhibir documentos que respaldaran el desalojo o la demolición de las viviendas.

Según testigos, la maquinaria pesada comenzó a derribar las estructuras, lo que provocó pánico entre los habitantes, especialmente porque en algunas de las casas había menores de edad. 

Vecinos señalaron que los niños estuvieron en riesgo de quedar sepultados bajo escombros de lámina y madera, lo que incrementó la indignación de la comunidad, razón por la cual decidieron oponerse a la medida ilegal.

Acusaron al fiscal federal, José Luis Escobar, de no presentar el acta de desalojo que fuera emitida por un juez, por lo que consideraron que esa omisión, también podría provocarles repercusiones legales, las cuales deberá enfrentar.

Ante la falta de explicaciones por parte de las autoridades y el temor de perder sus hogares, los afectados formaron una barrera humana para frenar la destrucción; incluso el operador de la maquinaria se negó a continuar con la demolición al notar la ausencia de un documento legal que respaldara la acción, de lo contrario a él se le fincaría responsabilidades.

Los pobladores calificaron el operativo como arbitrario y abusivo, señalando que, en lugar de un diálogo o proceso legal claro, las autoridades recurrieron al uso de la fuerza; hasta la tarde de ayer, ni Pemex ni las instancias de seguridad involucradas han emitido una postura oficial sobre los hechos.

Algunos habitantes aseguraron que, previo al intento de desalojo, habían solicitado mesas de diálogo con Pemex para regularizar su situación, pero no obtuvieron respuesta. 

Argumentaron que, al haber habitado el terreno durante al menos dos años y estar en proceso legal, tenían derecho a permanecer en el sitio hasta que se resolviera el litigio.

Mientras tanto, las familias afectadas permanecen en el lugar con la incertidumbre de si las acciones de desalojo continuarán en los próximos días, razón por la cual, incluso pidieron la intervención de organismos de derechos humanos para evitar que se repitan situaciones similares y exigieron explicaciones a las autoridades involucradas.

Antes de retirarse, las autoridades advirtieron a los pobladores que en un plazo de ocho días regresarían para concluir el desalojo, lo que generó aún más preocupación entre las familias. 

Los habitantes temen que la próxima intervención ocurra con un despliegue mayor de fuerza pública y sin posibilidad de negociación.

Por ahora, los afectados buscan asesoría legal y han comenzado a organizarse para evitar que la amenaza se concrete, pero advirtieron que, de no obtener respuestas, tomarán medidas para solicitar una solución justa a su situación.