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Tren Maya: te decimos porque le dicen el Jaguar rodante
Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur y responsable del Tren Maya, declaró que los convoys van a brindar tres tipos de servicios
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El Gobierno Federal dio a conocer en la conferencia matutina de este viernes, los diseños del Tren Maya, una de las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El consorcio encabezado por Alstom Transport México y Bombardier Transportation México se adjudicó este miércoles el contrato para la adquisición de material rodante y sistemas ferroviarios del Tren Maya y la construcción de 42 ferrocarriles, con un monto que asciende a los 36 mil 600 millones de pesos.
Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur y responsable del Tren Maya, declaró que los convoys van a brindar tres tipos de servicios: pasajeros locales con precio preferencial, turistas y carga.
Los nombres de los trenes construidos en Ciudad Sahagún, Hidalgo, serán: Tren estándar Xiinbal (caminar); Tren restaurante Janal (comer); y tren de larga distancia P’atal (estadía).
El diseño exterior de los trenes tomó inspiración en la forma del jaguar, animal característico de la zona, también de que tendrán una combinación tradicional que destaca los colores y elementos de la región.
El Tren Maya es un proyecto prioritario de la gestión de López Obrador, además de que cuenta con una inversión de 6 mil 294 millones de dólares para alrededor de 554 kilómetros en los cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Sin embargo, aunque la obra es impulsada por el jefe del Ejecutivo, distintas organizaciones indígenas han conseguido varios artificios legales para frenar de forma temporal las nuevas obras en varios tramos.
Actualmente, las organizaciones consiguieron suspensiones provisionales, es decir, medidas cautelares por varios juicios de amparo en los que impugnaron la Manifestación de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a Fonatur.
Las agrupaciones denunciaron la violación al derecho a la información, la vulneración del derecho a la adecuada participación de las comunidades indígenas, así como la evaluación ambiental regional.
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