En México, la jornada de los trabajadores en la industria es de 52 horas en promedio, mientras que, en Europa, Estados Unidos y varios países de América Latina, están dejando de lado el debate de las 40 horas para poner en la mesa la opción de una semana laboral de 38 horas.
Varias voces en el Parlamento Abierto hecho en la Cámara de Diputados calificaron a México como un caso insólito durante los cinco foros de consulta con miembros del ciclo productivo que hicieron un análisis de las ventajas y desventajas de una reforma que aparentemente se acerca a la congeladora:
Modificar el Artículo 123 de la Constitución para reducir 8 horas a la jornada laboral legalmente establecida en 48 horas.
Así pues, si los legisladores impulsores de este cambio señalan que se trata de un asunto de justicia a secas, y que no debe dilatarse más ni politizarse dentro de la coyuntura electoral, lo que, si es verdad, es que en el transcurso del debate quedaron evidenciados una serie de dilemas de fondo que ahora imposibilitan su materialización.
Entre las conclusiones en pro de la reforma, destacan las que refieren a que se trata de un asunto de derechos humanos parte de las convenciones internacionales en materia de trabajo porque se está garantizando la salud mental, el bienestar familiar y, por consiguiente, una productividad sustentada en una mejor calidad de vida para los trabajadores.
No obstante, se levantaron varias voces de especialistas en derecho laboral, así como de representantes de corporativos y de pequeñas y medianas empresas en contra del dictamen, argumentando que, de manera que ese cambio en la Constitución orillaría a la contratación de otros empleados que sustituyan las 8 horas que se quitarían, llevando a muchas pequeñas y medianas empresas a problemas de sobrevivencia.
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