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Reforma al Poder Judicial: te contamos las razones de la polémica
La reforma ha generado gran movilización de parte de trabajadores del Poder Judicial, además de protestas y controversia.
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La Reforma al Poder Judicial recientemente fue aprobada en lo general y particular por la Cámara de Diputados en una sesión que duró más de 12 horas, se contabilizaron 359 votos a favor de la mayoría oficialista, cero abstenciones y 135 en contra de parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La reforma ha generado gran movilización de parte de trabajadores del Poder Judicial, además de protestas y polémica por su premisa de elección de jueces por el voto directo en las urnas, a lo que muchos señalan que esto solo “politizará” la justicia.
Es decir, que en lugar de incrementar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por méritos propios.
Otra de las críticas que más se escucha es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento, son políticamente afines al oficialismo o simplemente cuentan con una gran popularidad, como mencionó el youtuber Luisito Comunica, refiriéndose a que, si él o alguno de sus colegas estudia derecho y se postula, tiene oportunidades de ser juez.
Asimismo, existe el temor de que la reforma abra la puerta para que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces menos experimentados, aunque, en la actualidad y en el pasado, esto ya sucede.
En una carta mandada al Congreso, jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no está apegada a las normas del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y conservar “tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.
A la controversia interna se sumó la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador como un “riesgo mayor” para la democracia, añadiendo que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países citados en el párrafo anterior, el cual debe tener una revisión en el año 2026.
Entre otras de las reacciones adversas, se encuentra la de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, por lo que pidió que sea reconsiderado el proyecto para salvaguardar la “independencia judicial”.
Un argumento similar fue expresado por la organización de derechos humanos “Human Rights Watch”, quienes aseveran que la propuesta transgrede “la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”.
Asimismo, inversores también han dejado ver su preocupación por la reforma, señalando que les inquieta que el gobierno entrante cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que pueden ser perjudiciales para el sector empresarial, restándole seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o incrementando la percepción de riesgo.
Por otro lado, los partidarios afirman que la transformación del Poder Judicial es una forma de asegurar que Claudia Sheinbaum administre sin los obstáculos jurídicos a los que se enfrentó López Obrador para sacar adelante su agenda.
Esto debido a que el jefe del Ejecutivo ha insistido en diversas ocasiones que los tribunales se convirtieron en una “trinchera de la oposición al servicio de los más poderosos”.
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