Gobierno de México busca garantizar derechos de extranjeros en el país con modificación al artículo 33

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que el Gobierno de México no expulsa a extranjeros, por lo que impulsará una ley reglamentaria en el artículo 33 de la Constitución, a fin de garantizar sus derechos en el país.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer; vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución”, subrayó en conferencia de prensa matutina.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que se enviará una opinión jurídica a la Cámara de Diputados con el propósito de que el Instituto de Migración Nacional (INM) no tenga facultades para deportar extranjeros por la “vía fast track”, debido a expresiones políticas o sociales.

«Lo que nosotros vamos a hacer es que la Constitución obligue a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, ya hicimos la consulta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales”, expuso.

“Vamos a presentar una opinión para que se modifique la minuta, (…) se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación y que garantiza a los extranjeros el derecho a la previa audiencia”, agregó.

En administraciones anteriores, dijo, se usaba este artículo de manera discrecional para expulsar a profesores e investigadores extranjeros. De esa manera, se registraron 17 casos en total entre 2006 a 2018.

“El artículo 33 constitucional, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional”, explicó.

Antes del 2006 no existen registros, puesto que, al modificarse la ley en 2011, se adicionó un párrafo a ese artículo que instruye una previa audiencia.

“Lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba el Instituto de Migración Nacional para expulsar del país a personas que habían manifestado alguna opinión de carácter político u oposición en asuntos sociales”, señaló.