Gobierno del Estado de México niega corrupción denunciada en investigación internacional

El Gobierno del Estado de México, encabezado por el Gobernado Alfredo del Mazo Maza, rechazó este viernes que haya ocurrido la trama de corrupción denunciada en una investigación internacional, en la cual supuestamente se otorgaron decenas de contratos públicos, entre 2018 y 2022, por más de 5 mil millones de pesos a empresas fachada.

“El Gobierno del Estado de México rechaza que durante esta administración se hayan realizado procesos de adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios fuera del marco legal que rige estos procedimientos, como lo señalan las publicaciones Aristegui Noticias, El País y The Guardian“, dijo el Gobierno mexiquense en un comunicado.

Asimismo, aseguró que también compartió “información pública de nueve casos solicitados por los interesados, de algunos de ellos se hace referencia en las publicaciones, como Sevacom, Instituto C&A Intelligent S.C. y Zumby Servicios Profesionales”.

Por otra parte, el Gobierno mexiquense ofreció “establecer una mesa de trabajo para llevar a cabo una verificación puntual de la información disponible de los expedientes de los procesos adquisitivos en cuestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios”.

La periodista Montaño Delgado –secuestrada en agosto de 2021 mientras investigaba una trama de corrupción en el Estado de México– publicó una investigación, en la que también participaron medios extranjeros y locales, sobre contratos millonarios que fueron asignados durante el actual sexenio del Estado de México a empresas fachada asentadas a cientos de kilómetros de Toluca en lugares de difícil acceso, inexistentes o controlados por el crimen y por artículos o servicios disponibles en el mercado local, como “esmalte de uñas” que fue a comprar a Monterrey.

El Gobierno de Del Mazo detalló en su respuesta que, antes de la publicación de las investigaciones, “los días 18 y 19 de mayo de 2023, el Gobierno del Estado de México recibió vía correo electrónico solicitudes de información de Nina Lakhani, de The Guardian, de Lilia Saúl Rodríguez de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y de Aida Delpuech y Brian Fitzpatrick, de Forbidden Stories“.

“Los días 23 y 24 de mayo dichas solicitudes fueron atendidas de manera puntual, de igual forma, por correo electrónico; además, el Gobierno del Estado de México ofreció una reunión presencial, misma que se llevó a cabo el 26 de mayo, en la que estuvo presente Lilia Saúl Rodríguez de OCCRP y de manera remota, Nina Lakhani y Martin Hodgson, de The Guardian“, añadió.

La administración del Edomex detalló también que “tanto en las respuestas vía correo electrónico como en la reunión” con periodistas del consorcio que realizó la investigación, “se brindó una explicación detallada de los procesos de adquisición, arrendamientos y prestación de servicios que lleva a cabo el Gobierno del Estado de México, conforme a lo dispuesto por la legislación federal y estatal aplicables”.

El Gobierno mexiquense también afirmó que “las empresas que la administración estatal contrata cumplen con todos los requisitos que establece la legislación al respecto”. “En la adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios, a través de procedimientos de Licitación Pública Nacional pueden participar las personas físicas y morales de todo el país, que consideren contar con la capacidad de suministrar los bienes o servicios requeridos y cumplir con los requisitos establecidos en las bases”, completó.

Dijo que la Licitación Pública Nacional Consolidada la realiza la Secretaría de Finanzas y el fallo se comunica a las dependencias y entidades que solicitaron los bienes o servicios. “En consecuencia, cada una de ellas, de manera individual, formaliza su propio contrato con el proveedor resultante del fallo correspondiente”, aseveró.

Las empresas, explicó, “deben acreditar en términos de la legislación aplicable, entre otros, su capacidad jurídica y material para cumplir con sus obligaciones contractuales; contar con la capacidad técnica y financiera para poder dar cumplimiento al contrato adjudicado; estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social y, en todos los casos, se lleva a cabo verificación de las instalaciones de las empresas, de las cuales se cuenta con evidencia”.

Por último, el Gobierno del Estado de México lamentó y condenó el secuestro de Montaño Delgado y dijo que tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de Justicia de esta entidad “integró la carpeta de investigación correspondiente, misma que se encuentra en curso”, dos años después del hecho.