La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) decidieron trasladar al exjuez de control, Florencio “N” a un penal federal en Chiapas, a pesar de que había obtenido un amparo que buscaba anular la prisión preventiva impuesta en su contra por un juez de Pacho Viejo, Veracruz.
El exjuez adscrito al distrito judicial de Coatzacoalcos, debería haber seguido recluido en el penal local, pero su traslado sorprendió a su defensa y generó interrogantes sobre los motivos de esta decisión.
El amparo 111/2023 presentado por la defensa de Florencio N buscaba revocar la prisión preventiva que había sido impuesta desde el 23 de marzo.
Sin embargo, la titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado consideró que permitirle abandonar el penal dejaría sin materia el proceso y determinó que el exjuez debía quedarse recluido en Pacho Viejo mientras se resolvía el asunto de manera definitiva.
No obstante, durante ese periodo, el exjuez acusado de recibir dinero ilegalmente para beneficiar a otros procesados fue trasladado de Veracruz a un penal federal en Chiapas. Esta información quedó confirmada en un auto emitido el 11 de mayo, donde se solicitaba que el exjuez firmara personalmente el amparo promovido en su nombre.
Sin embargo, cuando un actuario federal acudió al penal de Pacho Viejo para recabar la firma, se le informó que Florencio N había sido trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 15 en Chiapas.
El traslado ocurrió en un momento intermedio, cuando se había concedido el amparo pero no en los términos solicitados, y antes de resolver de manera definitiva si la suspensión definitiva seguiría siendo la misma o sufriría algún cambio.
Cabe destacar que, en abril de 2023, cuando se promovió el amparo, la defensa del exjuez argumentó en contra de la prisión preventiva justificada decretada por un juez de control en el proceso penal 116/2023.
En su análisis de los agravios presentados, el juez federal determinó que, al otorgar la suspensión solicitada, podía hacerlo para un efecto distinto al solicitado por el quejoso, con el objetivo de mantener la materia de la controversia y evitar afectaciones en su esfera jurídica durante el proceso.
A pesar de la solicitud planteada por la parte quejosa con respecto a los efectos de la suspensión, el juez estableció que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exjuez Florencio “N” afectaba su libertad personal.
Por lo tanto, se concedió la suspensión provisional, únicamente para que, en cuanto a su libertad personal, quedara a disposición del juzgado en el lugar donde estaba recluido y a disposición de la autoridad judicial correspondiente para la continuación del procedimiento.
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