Fiscal 'tapa' corruptelas de ex funcionarios en Minatitlán, exigen destitución

Habitantes del municipio de Minatitlán solicitaron la destitución de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Clementina Salazar Cruz, quien habría ignorado el procedimiento iniciado en contra de exfuncionarios de la pasada administración municipal, señalados por presuntamente adquirir un predio de manera irregular. 

Fausto Vicente Torres Pérez, abogado y representante legal de los habitantes afectados, expuso que el 8 de julio de 2021 se interpuso una denuncia formal en contra de los funcionarios municipales de Minatitlán, misma en la que resulta ser víctima la señora Irma Morales Cortés. 

Los denunciados fueron Nicolás Reyes Álvarez, expresidente municipal de Minatitlán; Erika Burgoa Gutiérrez, regidora onceava; Ana Fernanda Jiménez Pereira, directora de Catastro Municipal; así como particulares que representan a la empresa ‘Ferrociclables’, que mediante supuestos engaños habrían adquirido diez hectáreas de un predio denominado ‘Tlacualoyan’.

“Dentro de ese predio se encuentra una colonia que se llama ‘Un paso a la Gloria’, donde viven actualmente 300 habitantes; a esos habitantes nunca se les notificó que había un procedimiento de licitación pública dado que había un bien inmueble que había sido embargado por el fisco y puesto a la venta, entrando a la contienda el señor Javier Soberano Torres y su hijo, el señor Adrián Soberano Fitz”, detalló el abogado. 

Este último sería pareja sentimental de la exregidora onceava Ericka Burgoa Gutiérrez, lo que habría influido para que el particular pudiera obtener información sobre la venta del inmueble con cierta ventaja. 

“Nosotros presentamos las pruebas conducentes en esa denuncia que presentamos; presentamos testimonios, presentamos videos donde se advierte que la señora Ericka Burgoa Gutiérrez tiene una relación sentimental con la persona que resultó beneficiada y que obtuvo información privilegiada para poder adquirir ese predio por la irrisoria cantidad de cinco millones de pesos”.

No obstante, y pese a que los agraviados también presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en enero del presente año se determinó el no ejercicio de la acción penal, determinándose así que el caso estaba cerrado. 

A su vez, a los afectados no se les reconoció como víctimas, por lo que se les negó el derecho a acceder a los fondos económicos otorgados por la Comisión de Atención a Víctimas. 

“Aquí lo más importante es la inactividad procesal que ha ocurrido por parte de la señora Clementina Salazar Cruz como titular de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción”, enfatizó el litigante, quien hizo un llamado al gobernador del estado para que revise el actuar de dicha instancia. 

Fausto Vicente Torres afirmó que el caso también fue expuesto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la cual se señaló un presunto ‘tortuguismo’ por parte de la CEDH encabezada por Namiko Matzumoto Benítez. Y advirtió que interpondrán un amparo para exigir que se tomen medidas en contra de los exfuncionarios señalados por la supuesta venta ilegal del predio.