Un dato duro y escalofriante: entre enero y abril del 2023, en el estado de Veracruz se registraron 23 de los 281 feminicidios ocurridos en todo el país. La cifra oficial puede que no tome relevancia en una sociedad machista, en la que el asesinato de una mujer por razones de género, por sí solo, debería ser un hecho aterrador; entonces, pongamos en contexto lo que significa ese indicador.
El número de carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz en el período antes mencionado, ubica a la entidad veracruzana en el segundo lugar nacional con más casos de feminicidio. Superado solo por el Estado de México (36 casos) y por arriba de Nuevo León y Oaxaca (22 casos cada uno).
Lo anterior solo hasta el mes de abril, pero los casos en Veracruz siguieron sumándose. Y si bien es cierto existe una disminución de la incidencia de este delito en relación a los registrados en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, lo cierto también es que la cifra actual para nada es baja, no se puede desdeñar, menos cuando no es suficiente para alejarse de los primeros lugares.
Pero si en números fríos no es suficiente para darse cuenta del problema, demos rostro a las víctimas recientes.
Liz Vargas, de 25 años, fue asesinada por su pareja en el municipio de Medellín el 15 de mayo, dejó a dos hijos, su abuela y tío con discapacidad que estaban a su cargo, ella era pilar de su familia.
Días antes, el 26 de abril, en el municipio de Nautla, Concepción, una mujer que tenía 72 años, fue asesinada presuntamente por dos empleados suyos, el crimen reunió las características de un feminicidio y así se investiga.
En ambos casos sobra describir los detalles del crimen, basta decir que en los dos hechos hay detenidos vinculados a proceso y lo esperado es que la justicia se agote para sentenciar a los responsables.
Puesto en dimensión los indicadores y dando identidad a las cifras, es oportuno recordarle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que la violencia de género no es un concepto sujeto a interpretaciones y que un discurso de odio no se mal interpreta, que viniendo de su parte es grave y explica el desinterés de su gobierno en ejercer y fomentar una política con perspectiva de género, que garantice una vida libre de violencia a las mujeres.
En su conferencia del lunes 29 de mayo, fueron claras las palabras de descalificación que lanzó en contra de la asociación feminista Equifonía, agrupación que fue clave para que en Veracruz se declararan las dos alertas por violencia de género por la Conavim.
García Jiménez no entiende que antes de él, la lucha de Equifonía ya existía y existirá después de él, por tanto no puede exigir que feministas reprueben conductas que están en su agenda política, como es el caso de Rogelio Franco, exsecretario yunista, por el contrario, es él quien debería sumarse a la agenda feminista, no como protagonista, sino como aliado. Más en un estado con una violencia feminicida brutal, en donde él debería ser el primer interesado en terminarla.
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