Ministra inhabilitada

El caso de la ministra Yazmín Esquivel Mossa no solo ha desgastado políticamente al presidente López Obrador, que primero la propuso ante el Senado y luego la impulsó para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que ahora, luego del escándalo por el plagio comprobado de la tesis que presentó en 1987 para obtener su título de Licenciada en Derecho, ha puesto en entredicho el prestigio académico de la UNAM, la casa de estudios superiores mejor posicionada en el ranking de las universidades públicas de América Latina.

Ayer, en su conferencia mañanera, el mandatario arremetió en contra del rector Enrique Graue, al que acusó de “lavarse las manos”, pues señaló que aunque se determinó que sí hubo plagio se deslindaron de retirarle a la ministra el título de Licenciatura en Derecho, delegándole dicha decisión a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Lo vamos a resolver aquí. Nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es: ‘Hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP’. Como Poncio Pilatos, el rector se lavó las manos, pero claro que está metido ¿no?, hablando en plata. Porque ya basta de simulación y de hipocresías ¿no? Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo, de ver legalmente cómo está la situación, pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar”, enfatizó el Presidente.

Pero, independientemente de lo que resuelva la SEP, lo cierto es que Esquivel Mossa está cons-ti-tu-cio-nal-men-te inhabilitada para seguir desempeñándose como ministra de la SCJN.

De hecho, ayer no debió haber participado ya en la sesión del Pleno del máximo tribunal del país, luego de que el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón –donde cursó la licenciatura– resolvió que sí plagió la tesis para titularse como Licenciada en Derecho.

Y es que el Artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ella debe conocer muy bien, estipula claramente en su párrafo IV que, para ser Ministro de la SCJN, uno de los requisitos es: “Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

Y, en su párrafo VI, establece que “los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

El Presidente no necesita esperar hasta el lunes para sugerirle a la esposa del constructor José María Riobóo que, por dignidad, abandone el asiento de la SCJN que él generosamente le obsequió en marzo de 2019.