PJE, doble rasero

La polémica reaprehensión de la jueza Angélica Sánchez Hernández, a la que ahora fueron a detener hasta la Ciudad de México y le han dictado un año de prisión preventiva justificada por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, ha puesto en evidencia el doble rasero en el aparente combate a la corrupción en el Poder Judicial del Estado (PJE).  

Y es que, desde el 13 de mayo pasado, el empresario Joaquín Rodríguez Fernández, en su carácter de víctima que tiene reconocida en el Proceso Penal 97/2023, del índice del Juzgado de Control, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial del puerto de Veracruz, a cargo de la jueza Ihali Patricia Armas Márquez, presentó en contra de esta impartidora de justicia una denuncia por sus presuntas arbitrariedades y negocios turbios al frente del Juzgado que encabeza.

Rodríguez Fernández presentó un escrito con fundamento en los numerales 36, 37, fracción VI, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recusando a la jueza de seguir conociendo del citado proceso penal, ya que según la normatividad aplicable se encontraría impedida para continuar haciéndolo.

Además, el agraviado acudió también a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz para interponer formal denuncia en contra de Armas Márquez por hechos que probablemente constituyen los ilícitos de incumplimiento del deber legal, encubrimiento por favorecimiento, prevaricación equiparada, delito contra la administración de justicia, y/o los delitos que resulten.

Y es que el jueves 11 de mayo Rodríguez Fernández fue notificado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de amparo 174/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, correspondiente a la quejosa Celia María Rodríguez Valcárcel, de que la jueza llevó a cabo una comparecencia de la investigada aun cuando la misma ¡tenía una orden de aprehensión vigente en su contra! Para el agraviado, el actuar de Armas Márquez se contrapone al principio de legalidad, pues con toda negligencia fue omisa en pedir el auxilio respectivo para ejecutar la orden de captura en contra de Rodríguez Valcárcel, ayudándole a conseguir una ventaja procesal al delegarle a su auxiliar de sala la comisión de practicar una comparecencia, en virtud de que según lo dicho por los propios investigados ya habían pactado económicamente con la jueza que no la detendría.

Fue una flagrante violación a los artículos 1, 16 y 17 constitucionales, ya que Armas Márquez debió solicitar la ayuda necesaria para ejecutar la orden de aprehensión vigente en contra de la persona que se puso ante su presencia. Y, sin mayor dilación, debió haber citado a audiencia inicial en ese momento.

El quejoso acusa que, hasta la fecha, el Consejo de la Judicatura del PJE no ha radicado la queja administrativa ni ha dictado una medida cautelar de suspensión del cargo de la referida jueza y tampoco la ha cambiado de adscripción, permitiéndole “que siga vendiendo la justicia al mejor postor”.

¿Será cierto entonces que tiene un poderoso “protector”?