4T: CONTROL TOTAL DEL INE
Columna: Raymundo Jiménez
El nuevo contralor le fue recomendado al presidente López Obrador por Horacio Duarte, exrepresentante de Morena ante el Consejo General del INE. Ambos son mexiquenses. Hasta julio de 2015, George se desempeñó como Director de Organización del Instituto Electoral del Estado de México, y Duarte Olivares –después de haber sido director de Aduanas y subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde Luján, hermana de Bertha María Alcalde, perfilada para sustituir a Lorenzo Córdova en la presidencia del INE– es actualmente coordinador de la campaña de la maestra Delfina Gómez, candidata morenista a la gubernatura del Edomex, donde líderes priistas han detectado 73 mil 400 cambios de domicilio tramitados ante el órgano electoral federal, de los cuales 52% (38 mil 775) procede de la Ciudad de México y el resto de los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, gobernados por Morena, que sospechosamente sólo se registraron en 260 secciones electorales.
Ayer, ante el inminente arribo de cuatro nuevos consejeros afines a la 4T, Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE, anunció su renuncia pese a haber sido reinstalado previo a que la Suprema Corte determinara la suspensión indefinida del Plan B de la reforma electoral aprobada por Morena, la cual ordenaba su cese.
Se va el lunes 3 de abril entrante, el mismo día que concluyen los periodos de los consejeros Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera y el abogado xalapeño José Roberto Ruiz Saldaña.
Jacobo Molina duró 14 años años en la secretaría Ejecutiva, primero en el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y luego en el INE.
Antes de que entrara en vigor el nuevo marco legal, el Plan B ordenó su cese, por lo que permaneció separado del cargo unos días, hasta que ganó un juicio de amparo. Desde entonces recriminó que “iniciaron los ataques y mentiras sobre mí, incluso desde las conferencias cotidianas que encabeza el presidente de la República”.
Sin embargo, el contralor Jesús George Zamora ya lo venía acusando de incurrir en “sobrepresupuestación” y de tener una planeación ineficaz.
En agosto de 2022, la Contraloría anunció una auditoría especial para revisar a detalle los 18 mil 309.1 millones de pesos que estaba solicitando a la Cámara de Diputados en el proyecto de presupuesto 2023, pues existían dudas sobre el destino o uso correcto de ese dinero.
“(La información) motiva a que este Órgano Interno de Control programe llevar a cabo la Auditoría Especial DAOC/05/ES/2022, en la cual se planea revisar el 100 por ciento de la CIP (Proyectos Específicos, por un importe de $6,693,601,670), así como los recursos que integrarán el Presupuesto Base (PB) por un importe de $11,615,567,639, los cuales conformarán el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023”, advertía.
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