Ciudad de México | 2023-08-22
“Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con (Vicente) Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije: ‘va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura’”.
La declaración que realizó la Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, el sábado pasado, en el marco del tercer foro regional del Frente Amplio por México en Monterrey, Nuevo León, ha generado toda una polémica. Primero, por la afirmación misma de que en el sureste mexicano, una de las zonas más pobres del país, no se trabajan ocho horas seguidas, y segundo, al rememorar un episodio del foxismo, gobierno que ella integró, que involucra el uso de recursos públicos en favor de una maquiladora del llamado “Rey de la Mezclilla”, Kamel Nacif Borge, empresario mexicano de origen libanés, vinculado a la red de pederastia de Jean Succar Kuri, uno de sus protegidos, y a las agresiones cometidas contra la periodista Lydia Cacho, por develar esta situación.
Fue el 11 de abril de 2002 cuando el entonces Presidente Vicente Fox, acompañado del Gobernador de Chiapas, el perredista Pablo Salazar Mendiguchía, inauguró en San Cristóbal de las Casas las instalaciones de la empresa Trans-Textil International, propiedad de Kamel Nacif, a quien se benefició con cerca de 20 millones de pesos para una “beca salarial” que absorbería los sueldos de los trabajadores durante casi un año, la entrega de una nave industrial en calidad de comodato, y la infraestructura para operarla, como consigna el periodista Julio Hernández López este lunes en su columna Astillero.
El propio Gobernador Pablo Salazar develó públicamente aquel jueves detalles sobre cómo llegó esta maquiladora al sureste mexicano. El diario La Jornada reseñó años después —con Kamel Nacif en medio de la polémica por las acusaciones de pederastia hechas por la investigación de la periodista Lydia Cacho— cómo el mandatario chiapaneco relató que una tarde del primer trimestre de 2001, el Presidente Vicente le llamó a su teléfono celular para informarle que un grupo de inversionistas quería abrir esa empresa para generar mil 500 empleos, los cuales no pasaron al final de los 500.
Instantes después, de acuerdo con la misma crónica, el mismo Fox daría más detalles de esa llamada. “En ese momento estaba conmigo ahí y ahora le pido que venga aquí, a Kamel; que deje el puro y nos dirija unas palabras”.
El diario La Jornada refiere que el llamado “Rey de la mezclilla” buscó eludir la invitación, pero tras la insistencia de Fox accedió a hablar: “Bueno, pues les agradezco a todos, al señor Presidente, a su señora esposa (Martha Sahagún), al señor Gobernador, por esta inauguración y ojalá que hagamos otra. Eso es todo lo que puedo decir”.
—Ya oyeron, que hay que hacer otra (maquiladora), ¿sí? El año que entra estaremos aquí, con las que siguen’ —dijo en ese entonces Fox.
La realidad, de hecho, fue otra. No se abrió otra maquiladora y por el contrario la que inauguró Fox en el marco del programa Marcha hacia el sur, cerró operaciones cinco años después, en el Gobierno de Felipe Calderón. Ya por entonces había estallado el escándalo por su implicación en la red de pederastia de Jean Succar Kuri, y las acusaciones de abuso laboral en la maquiladora perseguían a Kamel Nacif, cuya empresa cerró de un día a otro.
Lejos de ser algo atípico, lo ocurrido era un modus operandi del “Rey de la mezclilla”. Miguel Pickard, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria AC, describe en el texto “Trans-Textil International S.A. de C.V. La maquiladora de San Cristóbal de las Casas”, publicado un año después de la inauguración de esta maquiladora, cómo en ese mismo 2002 que abrió sus puertas en San Cristóbal, lo hizo porque hubo conflictos laborales en una planta de la misma empresa, en Acapulco, Guerrero.
En San Cristóbal persistieron los mismos abusos laborales. Pickard reseñó cómo los trabajadores de esta maquiladora textil, quienes en un 60 por ciento eran mujeres, en 40 por ciento indígenas, y con un promedio de edad de 22 años, recibían el salario mínimo de entonces 40.30 pesos por día correspondiente. Oficialmente se decía que trabajan 45 horas a la semana, repartidas en cinco días, más dos domingos al mes. No obstante cuando incumplían su “cuota mínima” de prendas tenían que quedarse trabajando hasta completarla, sin pago adicional.
Aunque en inicio elaboraban suéteres, después hicieron playeras dirigidas al mercado estadounidense para ser vendidas en Sears, Target, Wal Mart, J.C. Penny. Las playeras portan marcas como Tommy Hilfiger. Miguel Pickard, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria AC, señalaba a un año de la entrada en operación de esta maquiladora que una trabajadora ganaba 43 centavos de peso por cada playera producida cuando era vendida por menos de 20 dólares en Estados Unidos, es decir, 500 veces más de lo que se le pagó a la trabajadora por ella.
Además de este margen de ganancia, estaban las facilidades que le brindaron los tres órdenes de Gobierno. La administración de Pablo Salazar, por ejemplo, compró en 10 millones de pesos la nave industrial y se la dio a Kamel en comodato, sin cobrar renta, y le otorgó las “becas” con las cuales se pagó a los empleados durante los primeros seis meses de su estancia en la maquiladora, el tiempo que supuestamente tardan en capacitarse, tiempo en el que se daban “la mayoría de despidos o bajas voluntarias, y la empresa también se ahorra el costo de reentrenar a los nuevos ingresos”, escribía Pickard.
Para cuando la maquiladora frenó sus operaciones, lo hizo sin previo aviso, dejando en el desempleo a unos 300 trabajadores, la mayoría mujeres indígenas de Los Altos, a cambio de una liquidación de entre 2 mil y 4 mil pesos por obrero.
El propio administrador Santiago Robles dijo a la prensa que él mismo fue notificado del cierre de la fábrica el miércoles a las 6 de la mañana, hora en que lo citaron los gerentes del inmueble, originarios de Puebla. El argumento de los dueños fue que la empresa se encontraba en quiebra, y que no lograban recuperar los 700 mil pesos mensuales de la nómina para los 300 empleados.
Lo cierto es que Kamel Nacif recibió del foxismo y del Gobierno de Pablo Salazar millones de pesos de recursos públicos con la promesa de invertir 65 millones de pesos y crear mil 500 empleos, una cifra que un año después apenas si ascendía a los 500 y que al momento del cierre era de 300.
La anhelada promesa del arranque para el desarrollo industrial de la entidad quedó así disipada en una historia de abusos en donde las personas que laboraron en esta maquiladora en efecto, no trabajaban ocho horas diarias, sino hasta 10 o más sin recibir para ello un pago extra.
Por Obed Rosas