Ciudad de México | 2024-10-18
Durante la noche de este jueves trascendió que la jueza Nancy Juárez Salas, titular del décimo noveno distrito ubicado en Coatzacoalcos, ordenó a través del amparo 823/2024 a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar el decreto de reforma de la reforma judicial publicado el 15 de septiembre.
El documento advertía que caso de no hacerlo se dará vista al ministerio público para que actúe conforme a la ley y se destituya del puesto a los funcionarios involucrados.
Esta mañana durante la conferencia la "mañanera del pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la jueza y además dio a conocer que se actuará presentando una denuncia.
Previamente explicó Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia detalló que los jueces de distrito no tienen facultades para impedir la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La funcionaria detalló que las reformas a la Constitución están "exentas" de revisiones del Poder Judicial, por lo que la jueza de Coatzacoalcos Nancy Juárez Salas no tiene facultades para ordenar que la presidenta de México elimine la publicación.
Sheinbaum agregó que dicha orden de la jueza Juárez Salas "está por encima de su función" y cuestionó que quiera anular una reforma que está respaldada por la propia Constitución "y que deriva de la voluntad del pueblo de México".
Abundó que "la juez no tiene atribución para solicitar que se quite la publicación, no está por encima del pueblo de México y porque jurídicamente no tiene ningún sustento, y porque el Poder Legislativo es quien ordena la publicación".
Ernestina Godoy detalló que se debe revisar la actuación de los Jueces de Distrito que han promovido amparos en contra de la reciente reforma al Poder Judicial.
Explicó que estos jueces estarían contraviniendo la Constitución, al intentar someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, algo aseguró es improcedente.
La consejera puntualizó que la Constitución, en su artículo 135, establece que puede ser reformada por el Constituyente Permanente, un órgano exento de revisión judicial.
Enfatizó que no existe disposición en el sistema jurídico que otorgue al Poder Judicial la facultad para revisar o anular las decisiones del órgano revisor de la Constitución.
Señaló que la actuación de algunos jueces de Distrito está "usurpando atribuciones" que corresponden únicamente al Poder Reformador.
Sentenció que los jueces estarían desafiando sus propias jurisprudencias y criterios, buscando colocarse por encima de la soberanía y del Congreso, órgano encargado de reformar la Constitución.
Sobre las acciones de la jueza Nancy Juárez ayer se dio a conocer que argumentó que este tipo de apercibimientos son recurrentes en los juicios de amparo por no cumplir con las suspensiones otorgadas, por lo que este tipo de acciones pueden ser impugnadas ante Tribunales Colegiados.
Así mismo detalló que no implica una inmediata destitución o inhabilitación del cargo, pues para que eso suceda, el caso deberá agotar todas las instancias legales, mismas que pueden durar años para que un asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su resolución, la jueza señaló al expresidente López Obrador de ser omiso e ignorar un freno judicial previo con el que la juzgadora indicó el 12 de septiembre que esta reforma no podía ser publicada en el DOF, y se publicó tres días después.
Por esto, Juárez Salas pidió a la actual titular de la Presidencia de la República que cumpla con este trámite.
Al respecto el ministro en retiro Arturo Zaldívar en su rol de coordinador de Política y Gobierno, agregó que el Poder Judicial está obligado a actuar dentro de sus competencias, y las suspensiones que se han otorgado son "contrarias a derecho".
Señalo que los amparos no son procedentes contra reformas constitucionales ni contra los procesos legislativos, dijo que los jueces y juezas del Poder Judicial "están trastocando y desafiando el orden judicial".
Explicó que tampoco es válido suspender o eliminar la publicación de una reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual es un paso clave para su entrada en vigor.
Argumentó que no es legal otorgar amparos en contra de reformas constitucionales, debido a que la suspensión no puede invalidar publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y criticó los procedimientos de estos jueces al calificarlo como un desafío al orden constitucional.