Ciudad de México | 2023-01-22
María Elena Ríos, saxofonista originaria de Oaxaca que fue atacada con ácido en 2019, reveló este sábado que su supuesto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, recibió prisión domiciliaria luego de una "audiencia maquillada" y un "acuerdo pactado".
"Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor a quedado libre. Esto es México", señaló en sus redes sociales, donde durante el viernes por la noche y a lo largo de la madrugada del sábado relató minuto a minuto la desesperación con que vivió el proceso.
"Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo", apuntó en otro mensaje de Twitter.
Antes, Ríos había relatado que el Juez Teódulo Pacheco Pacheco "está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por ´enfermo´".
Desde hace tres años María Elena busca justicia, pero el proceso contra los presuntos responsables del ataque en su contra que ha sido un camino muy largo. Los avances en su caso habían sido pocos y muy lentos, debido a que, asegura, su agresor tiene vínculos en el Gobierno estatal.
"Han permitido muchos amparos a Juan Antonio Vera Carrizal", declaró el pasado mes de noviembre, cuando, hasta entonces, no había tenido una audiencia intermedia, de lo que responsabilizó a la "corrupción del Gobierno del estado de Oaxaca".
Incluso, la saxofonista María Elena Ríos acusó en su momento que el Gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, ha emprendido una campaña para desprestigiarla, por lo que también lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a ella o a su familia en un futuro, porque, dijo, "son los únicos a los que no les conviene mi existencia, a los que no les conviene lo que tenga que decir".
Destacó que, de los cinco implicados en el caso, de los cuales uno falleció en, afirmó, circunstancias poco claras, faltaba Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, pese a que la propia Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se comprometió a aprehenderlo, luego de que la Fiscalía de Oaxaca no lo hizo.
La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo hicieron dos albañiles, Ponciano y su hijo Rubiciel, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos en diciembre del mismo año.
En el intento de feminicidio también estuvo involucrado Rubén, un exempleado del político, quien presuntamente fue el que entregó el ácido para atacar a María Elena. Pero, además, también participó el hijo de Juan Antonio Vera, Juan Vera Hernández, quien continuaría prófugo.
Para María Elena, quien estudió saxofón en el Conservatorio de Puebla y además la carrera en Comunicación, acceder a la justicia no ha sido fácil. Al principio su agresión fue clasificada como "heridas que tardan 30 días en sanar". Sin embargo, el 23 de octubre, cuando su abogada demostró que le habían quemado el 40 por ciento de su cuerpo, las clasificaron como "heridas que ponían en riesgo su vida". No fue hasta el 23 de diciembre cuando por fin le clasificaron el delito como "tentativa de feminicidio".
La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas externó este sábado por la noche su preocupación por la decisión del Juez en el caso de María Elena.
"Esta resolución alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo en que se encuentra María Elena Ríos y su familia, y en ese sentido, envía un mensaje de impunidad y reevictimización. Este Mecanismo no es omiso a las declaraciones realizadas por la defensora de derechos humanos y por ello, reitera su compromiso para seguir asumiendo el esquema de protección que sea necesario tanto para María Elena como para su familia, ante este nuevo contexto", expresó.
"Se destaca que la decisión del Juez se da en el marco de las manifestaciones realizadas por María Elena en las que ha denunciado una serie de dilaciones y omisiones por parte del personal judicial que conoce de su caso", añadió.
Por último, hizo un "respetuoso llamado" a las autoridades ministeriales y judiciales de Oaxaca, para que en el ámbito de su competencia garanticen la seguridad de María Elena Ríos y su familia a través de los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, pidió que se impulse una revisión exhaustiva de la decisión dada a conocer en el presente caso, lo anterior, en apego al mandato constitucional que obliga a todas las autoridades a proteger el derecho a defender derechos humanos y cumplir de igual manera, con las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.