Ciudad de México | 2023-02-09
El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que el Juicio de carácter civil en Florida contra Genaro García Luna y empresas que formaron parte de una red de corrupción.
Durante el tiempo que Genaro García Luna fue Secretario de Seguridad y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de socios cercanos. Un conglomerado empresarial familiar obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad en México, se extrajeron recursos por un monto de 745 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.
El actual gobierno de México por conducto de la UIF identificó la red de corrupción de García Luna, forma de operación, montos y ruta de los recursos, a consecuencia se concluyó la lista de personas bloqueadas, quienes participaron y se presentaron denuncias ante la FGR el 24 de diciembre de 2019 por delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero.
Se presentó demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante tribunal del condado de Florida para la recuperación de activos con recursos del erario mexicano con la intención de resarcir el daño, el proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Nueva York.
Durante 20 años incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público, se tiene listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento, estos recursos producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer todos son los que están en este momento en el juicio civil de Florida.
Las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, y Martha Virginia Guerrero de Miembro (entre otros), hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción.
Se pone como ejemplo el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene sede en Estados Unidos organizado por García Luna para llevar a cabo contrataciones ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y seis años posteriores, cosas como estas propiedades aseguradas judicialmente contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna, Península Cas con valor de mercado de 768 mil 381 dólares, adquirió 807 mil 741.
El total de estos contratos fueron 17 millones 930 mil 402 son inmuebles asegurados por la Corte norteamericana por el proceso civil iniciado.
Hay cosas que son muebles que son por 21 millones 725 mil 419 que fueron vendidos antes de la iniciación del juicio pero de todas maneras forman parte del juicio para ser recuperados, una serie de vehículos que llaman mucho la atención que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México en esta trama de corrupción que operó como por ejemplo un FIAT 500 2013, un Rolls Royce, un Ferrari, un Jeep, un Audi, un convertible, otros autos de colección, además de una Harley Davidson y otros vehículos.
Ellos no tenían recursos en el estado financiero mexicano, lo usaron para sacar los recursos que cobraban en los contratos que promovía García Luna con dependencias de la Ciudad de México se llegó al extremo que al gobierno le cobraba por reconocimiento de adeudo de un contrato que no existió jamás. Autoridades de la Ciudad están dando seguimiento a esto porque tienen origen en presupuesto local.
Estamos esperando que se resuelva un recurso presentado por empresas y abogados de García Luna con el propósito que se inicie el juicio y se integre el jurado con el propósito de recuperar lo que se despojó al país y al pueblo.
Ya pasando a un tema vinculado con esto, el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido la protección y el amparo de la justicia de la unión 25 de enero de 2023 con magistrados del Poder Judicial de la Federación dicen ellos que:
Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el estado financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y no poder realizar actividades por el poder judicial mexicano que debería interesarse en lo contrario.
Esto no es un problema de colaboración de poderes, se tiene que informar lo que está pasando, el argumento es el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas, hay centenares de casos, en la lista de personas bloqueadas como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero por lo tanto carece de suficiente certeza y seguridad jurídica.
Jurisprudencia elaborada por el ministro Medina Mora aprobada por la segunda sala y no todos los jueces aplican a ciegas. No solamente es un criterio malinchista es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera.
No se está persiguiendo a nadie por sus ideas políticas sino cumpliendo con la ley uno de los instrumentos es el bloqueo de cuentas de momento preventivo se hace ahora junto con presentación de denuncias, hay quienes han llegado a prohibir que la investigación se entregue al Ministerio Público (MP), entonces las personas protegidas por esos jueces quedan en situación de impunidad total porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia se requiere la denuncia de la UIF por el al momento que se impide que el gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente por el sistema financiero sobre todo de personas expuestas políticamente los están dejando en la completa impunidad, nunca podrán ser denunciados ya no digamos inculpados.