Veracruz | 2024-07-03
De que el poder judicial está viciado de graves actos de corrupción es una realidad, en el estado de Veracruz tenemos una prueba fehaciente de lo que hacen los jueces cuando no se les llega a lo que piden ya sea en cuanto a dinero o mantener posiciones privilegiadas dentro del gobierno estatal.
Tenemos registrada una deuda que se remonta al gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa quien aseguraba sería liquidada antes de que terminara su gestión y como salió de escapada a esconderse en Guatemala donde fue capturado, no creemos que desde su celda en el reclusorio Norte quiera hacer el depósito de los recursos públicos que se llevó.
Entró la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares y resulta más que obvio que aprovechó el corto tiempo para recolectar el dinero del presupuesto y los acuerdos económicos que llegó para poner en libertad a los funcionarios duartistas acusados de corrupción.
De antemano se consideró que no pagaría ningún adeudo gubernamental máxime que los consideraba sus permanentes adversarios políticos, por lo tanto, se negó a pagarla no obstante que seguía el juicio.
Al entrar el gobernador del partido Morena, Cuitláhuac García, prometió que lo pagaría por ser completamente legal el adeudo gubernamental, ese compromiso lo hizo en varias ocasiones a diferentes directivos lo único que solicitó fue que lo cubriría poco a poco, pidiendo que se aceptara que lo haría en plazos razonables en cuanto al tiempo, han pasado cinco años y siete meses y seguimos esperando que cumpla su promesa.
Los jueces manejados por el gobierno estatal ponen trabas para alargar el tiempo y hasta la fecha no han realizado un solo pago, lo que implica el incremento de intereses y gastos de abogados que han llevado el caso hacen que la suma del adeudo prácticamente se haya duplicado.
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, a través de su secretario privado le hizo el ofrecimiento al abogado Tomás Mundo que estaría dispuesto a cubrir dicha deuda sin intereses ni pagos extras con un 30 por ciento para ellos por hacer ese "favor". Esa es la versión que hizo en varias ocasiones el propio interlocutor, asegurando que ellos iniciaron la propuesta.
Además, había que pagarle al abogado sus emolumentos que se había prestado por realizar dicha gestión.
De antemano se tenía presente por el bufete de abogados de la Ciudad de México que mientras este juicio se realizara en las esferas judiciales de la entidad le pondrían todas las argucias legales para demorar el pago y que cuando este caso se llevara a los tribunales federales en la capital del país se resolvería de inmediato por existir todos los comprobantes y requisitos legales que lo ameritan.
Lo más seguro es que la gobernadora Rocío Nahle García desconozca como se manejan esos pagos de las deudas legales que tiene el gobierno estatal a empresarios veracruzanos en la secretaría de Finanzas y Planeación donde su titular José Luis Lima Franco continuará en este sexenio que se iniciará en el próximo mes de diciembre.
Como se acostumbra en estos casos se mantendrá el silencio oficial, cuando existe el derecho de réplica y nos atrevemos por primera vez hacerlo público por el paso del tiempo y las autoridades estatales tienen las semanas contadas para abandonar sus responsabilidades para dejar que otros lo resuelvan cuando ellos mismos dejan su administración en entredicho.
No tienen palabra.