Veracruz | 2024-08-08
Que uno de los grandes problemas que heredará, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García será la crisis administrativa y financiera por la que atraviesa el Poder Judicial de Veracruz, aunque intente ocultarse o disimularse, pues la realidad es que el gobierno de Cuitlahuac García Jiménez omitió junto con su fiscal y Orfis, emprender acciones legales en contra de quienes comprometieron el presupuesto público federal para construir las ciudades judiciales a través del mecanismo de Asociaciones Publico Privadas.
Un fraude cometido por el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares en complicidad con el exmagistrado Edel Álvarez Peña y que el gobierno de Cuitláhuac consintió y convalido, pues teniendo en sus manos la posibilidad de anular dichos contratos con empresas propiedad de las familias Yunes y Álvarez decidió, que el Poder Judicial siguiera pagando aun cuando el incumplimiento en los contratos fueron una constante.
Desde el inicio de la administración de Cuitláhuac, el entonces secretario de Gobierno Eric Cisneros determinó aliarse con Edel y así convalidar, respaldar y hasta beneficiarse con el pago de dichos contratos. Se asegura que el exfuncionario consentido del actual mandatario recibía jugosas mensualidades por permitir que se siguiera pagando a dichas empresas.
Tan es así, que la exmagistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta fue inhabilitada por cinco años de la función pública y por la fuerza pública se le arrebató la Presidencia, luego de que acusó estar siendo obligada a consentir la ilegalidad en la construcción de las ciudades judiciales.
La furia de Eric Cisneros entonces protector de Edel y los Yunes azules llego a la magistrada quien insistía en cancelar los contratos; luego en el exilio, la magistrada murió. La realidad es que al momento se sigue pagando a dichas empresas, pues el presupuesto público se comprometió por 24 años, para llevar a cabo los pagos mes con mes a través de ese mecanismo de Asociaciones Publico Privadas (APP).
Algo queda claro y es que la Gobernadora Electa no desconoce en su totalidad lo que ocurre en el Poder Judicial, también se asegura, sabe de los recientes nombramientos de magistrados, todos ellos aliados de la actual administración, quienes fueron nombrados en total arbitrariedad y abuso.
Lo correcto se asegura debió ser que Cuitlahuac pausara esos nombramientos, dejando dicha faculta a la gobernadora entrante. La realidad es que, el Poder Judicial esta colapsado y endeudado. Sin lugar a duda, la actual Gobernadora electa habrá de poner especial atención en dicho poder, o en su caso, actuar en consecuencia para castigar a los culpables y a los cómplices actuales.