Veracruz | 2020-07-01 | Raymundo Jiménez
Tal parece que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, está por seguir los mismos pasos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, extraditado en 2017 de Guatemala.
Y es que al igual que el exmandatario veracruzano, Lozoya no sólo está por ser trasladado de España para ser puesto a disposición de un juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México –donde actualmente están internados Duarte de Ochoa y otros personajes cercanos a los expresidentes priistas Salinas y Peña Nieto, como el abogado Juan Collado–, sino que además habría convenido con las autoridades mexicanas que lo requieren, ser juzgado por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, casi los mismos delitos que le imputaron al político jarocho y que además, en un proceso abreviado, podría ser beneficiado con una pena mínima como la que le fue impuesta al exgobernador de Veracruz, sentenciado a solo 9 años de prisión.
Recuérdese que a Duarte originalmente se le pretendía juzgar por “delincuencia organizada”, lo que hubiera casi triplicado sus años en prisión. Sin embargo, en un presunto acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), le fue variado el delito por el de “asociación delictuosa”, lo que redujo a menos de la mitad su tiempo de reclusión.
Llamó la atención que ayer el abogado defensor del exdirector de Pemex, Javier Coello Trejo, después de que el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció en conferencia de prensa que Lozoya había presentado un escrito a la Audiencia Española mediante el cual acepta ser extraditado a México, difundiera inmediatamente un comunicado para notificar que “ya desde hace un mes”, por “así convenir a nuestros intereses y de común acuerdo con Emilio Ricardo Lozoya Austin y su familia”, su despacho jurídico había tomado la determinación de “no continuar con la defensa penal en México”.
“Este despacho se ha caracterizado en ser leal hacia sus principios y convicciones, pero debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas, es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearle a Emilio y a toda su familia una conclusión favorable en beneficio de sus intereses”, concluye el comunicado de Coello Trejo, un experimentado abogado de origen chiapaneco cuya tesis de titulación fue paradójicamente la de “El Ministerio Público frente a la corrupción priista” y el cual, en el sexenio del expresidente José López Portillo (1976-1982), se ganó el mote de “Fiscal de Hierro” porque como titular de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción investigó a tres mil funcionarios, exfuncionarios, empresarios y empleados del sector privado, de los cuales encarceló a mil 200.
¿Cuál fue su “divergencia” con Lozoya, quien será juzgado por la fraudulenta compra de Agronitrogenados y por los millonarios sobornos del consorcio brasileño Odebrecht, casos que no solamente podrían alcanzar al expresidente Peña Nieto y excolaboradores cercanos, sino además a los últimos dos exgobernadores priistas de Veracruz con los que el exmandatario mexiquense también terminó políticamente mal?