Veracruz | 2020-08-31 | Silverio Quevedo
Por primera vez el estado de Veracruz ha retumbado, en forma tal, que se ha percibido bastante fuerte, por los reclamos de justicia que realizan los grupos de familiares de los desaparecidos, cientos o miles, a lo largo de las últimas dos décadas. Y es que su exigencia para que aparezcan sus hijos, hermanos, esposos o padres, ha sido sincronizada con sendas marchas este domingo en diferentes ciudades de la entidad.
Dos factores llaman la atención, la coordinación de los grupos y sus dirigentes en Orizaba, Veracruz y Boca del Río, Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, entre otros lugares.
A decir de la Presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz, CEBV, Brenda Cerón, se trata de alrededor de 3 mil personas no localizadas y que se basan en los datos aportados por familiares, lo cierto es que este domingo fueron contundentes al exigir castigo para quienes conformaron los últimos tres gobiernos en el estado. Cifra que debe quedar muy corta a la realidad.
Se refirieron así, en una cascada de marchas y protestas del Sur al Norte del estado y del Golfo a límites con Puebla a los sexenios de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.
Y es que fue precisamente con el priista Herrera Beltrán cuando inició la descomposición de la violencia en el estado, en los arreglos y desarreglos que tanto se han consignado por analistas en torno a los grupos criminales. Fue a partir de este gobierno en 2004 al 2010 cuando se generaron los más graves hechos de violencia en el estado.
El tema se salió de control cuando en abril del 2007 a medio sexenio de Fidel se registraron los peores enfrentamientos que llenaron de zozobra a los veracruzanos.
El hecho histórico de esa espiral violenta fue en esa fecha el choque entre los cárteles de los Z y Gente Nueva cuando en Villarín en el municipio de Veracruz cayeron abatidos varios cabecillas de estos grupos y se desató la sangrienta lucha por el control de las distintas plazas.
Dos años después, apenas a unos metros del emblemático Parque Zamora en el corazón de la misma ciudad, la calle 20 de Noviembre fue convertida en un campo de guerra, con explosiones de granadas y nutrido choque de disparos entre la policía y delincuentes, debido también a la deliberada presencia de los grupos armados en el fidelismo.
Las escenas y fotografías que aún con autos calcinados y que causó la muerte de dos presuntos agresores de la PFP además de un taxista al que alcanzaron las balas, fueron de primera plana en medios nacionales y del mundo captadas por algunos profesionales y oportunos periodistas veracruzanos.
En el gobierno duartista las diferencias con Fidel, su antecesor, iniciaron por la forma en que había dejado al estado en materia de inseguridad. “Un refrigerador con casi todo podrido dentro, que llevará mucho tiempo limpiar” diría el cordobés a algunos de sus cercanos colaboradores.
Y precisamente, producto de, o parte de la presencia delincuencial, inició la mayor ejecución de periodistas, principalmente en la conurbación, contando más de una docena de comunicadores asesinados, algunos incluso en retiro.
Pero la joya de la corona fue el hallazgo aquel 20 de septiembre del 2011 sobre los pies del monumento a los voladores de Papantla, en el corazón de la zona comercial de Boca del Río, y en donde arrojaron unos 35 cadáveres, de presuntos zetas. Entonces se atribuyó también a la incursión de la nueva organización criminal en Veracruz.
Duarte no cumplía ni un año en el gobierno y se había suscitado ya estos violentos hechos.
En cuanto a Yunes Linares, los dos años que gobernó fueron los de mayor incidencia delictiva de alto impacto.
Secuestros y ejecuciones también se registraron al por mayor. Incluso su secretario de Seguridad, Jaime Téllez Marié fue amenazado por supuestos cárteles o el cartel que se oponía a un presunto retorno de los Zetas.
El hecho es que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas lamentablemente Veracruz se hizo presente rememorando que hay mucho que reclamar en la entidad por la simulación y hasta complicidad de las últimas administraciones.
“El gobierno estatal en turno le hizo creer a las familias de personas desaparecidas que habría un cambio de verdad”, dijeron, y piden llamar a cuentas a los exgobernadores.
Y es que precisamente en torno a lo arriba señalado, los grupos y colectivos que buscan a sus familiares expresan que a los exmandatarios priistas y panistas se les atribuye haber abierto la puerta a cárteles que a su paso han dejado una estela de asesinatos, desapariciones y criminalidad desbordada.
Calculan que a lo largo de este tiempo existen alrededor de 383 fosas clandestinas en Veracruz.
El último informe de la CNDH, de octubre del 2016 a septiembre del 2018 -que incluye los últimos meses del gobierno de Javier Duarte y gran parte del bienio del panista Miguel Ángel Yunes, la Fiscalía General reportó la existencia de 192 fosas clandestinas de donde se exhumaron 483 cadáveres.
Esto, para tener una idea de la exigencia ayer durante las movilizaciones de estas organizaciones en la zona Centro, el Norte y Sur de la entidad.
La voz se alzó para pedir justicia. Por cierto que Morena y el hoy gobernador, Cuitláhuac García enarbolaron como uno de los principales pendientes en su discurso el de atender y devolverle paz a los familiares de los desaparecidos. Ojalá así sea.
MUY CORTO
QUIEREN QUE LOS ENJUICIEN. Relevante la participación en la zona de las altas montañas y en la capital del estado que se vio este fin de semana en los módulos instalados para la consulta ciudadana sobre la investigación y juicio a los expresidentes de México por actos de corrupción que fue organizada por ciudadanos de todo el país en diversas plazas públicas.
Por ejemplo en la ciudad de Córdoba, se colocaron al menos cinco módulos en distintas colonias y en el centro, en donde sábado y domingo acudió la ciudadanía a emitir su posicionamiento respecto a este asunto de índole nacional.
En Fortín, Ciudad Mendoza, Orizaba y municipios aledaños también se instalaron de uno a tres módulos en cada uno con el fin de sumar y lograr 2 millones de firmas en todo país.
Los módulos estarán por tres fines de semanas hasta el 13 de septiembre, en horarios de 9:00 a 14:00 horas, los ciudadanos deben dar su nombre completo y dar el número de folio de su credencial electoral, para que sea presentada ante el Congreso de la Unión y el Senado y se solicite al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer la consulta de manera formal el próximo año.
La pregunta expresa que se les formula a miles de ciudadanos fue: ¿Estás de acuerdo en que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México, y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
En el distrito de Córdoba, el diputado local Víctor Vargas Barrientos y el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, han sido algunos de los personajes que han emitido su posición a favor del juicio, en tanto que en Xalapa se vieron haciendo lo propio al coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Iván Luna Landa y a la diputada federal Dorheny Garcia Cayetano.
¿Irá en serio el juicio a los expresidentes?