Veracruz | 2022-03-16 | Paulina Ríos
Pese a lo que se ha expresado públicamente, el Poder Judicial de Veracruz continúa en quiebra y en crisis; no solo económica, sino institucional.
Más allá de los declarado por la cuestionada directora de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, quien aseguró que se habían superado las dificultades económicas por las que se atravesaba, con motivo de la retención de participaciones federales por 25 años, destinadas al pago de empresas que construyen 21 ciudades judiciales a través del mecanismo de Asociaciones Publico Privadas (APP).
A lo anterior se suma la corrupción que ahí impera y la pésima administración. Los magistrados ahora se quejan de que nuevamente se les ha iniciado descuento del 20 por ciento a sus salarios, sin que ello se justifique. A todo lo anterior se suma la crisis institucional que ha sido permanente desde los tiempos de Edel Álvarez Peña.
Del dominio público y en reiteradas ocasiones se ha abordado el caso de la exmagistrada Sofía Martínez Huerta, recientemente fallecida, quien fue blanco de ataques y severa violencia institucional; ella directamente denunció al secretario de Gobierno de la entidad de orquestar su destitución primero como presidenta, luego como magistrada y luego intentar iniciarle un procedimiento, su único error acusó, querer barrer para atrás, al expresar la corrupción en el que estaba inmerso dicho Poder con la contratación de empresas para la edificación de ciudades judiciales, entre desvíos de recursos y otros temas, ocurrido durante la administración de Edel.
Luego con la llegada de Isabel Romero Cruz las cosas no mejoraron, por el contrario, no existe liderazgo, es la administradora quien parece llevar las riendas. Los magistrados se mantienen como espectadores, muchos de ellos grises, solo están ahí para cobrar, no les interesa la institución, el desánimo es notorio para algunos y otros más esperan el retiro forzoso de la actual presidenta, quien cumplirá 70 años en la segunda semana de abril y siguiendo la dinámica que ella misma ha aplicado a magistradas como Yolanda Cecilia se tendrá que ir.
Aunque el escenario podría ser contradictorio, toda vez que existe posibilidad, como se ha reiterado entre los políticos y abogados veracruzanos, una dispensa de Ley para que Isabel Romero concluya en noviembre su encargo como presidenta y se retire y así en la primera semana de diciembre se nombre un nuevo presidente.
Pero éste escenario podría complicar la crisis existente, al interior y exterior, toda vez que chocaría con la política de igualdad, pues en sentido estricto se tendría que apegar a la normatividad que ella misma ha aplicado, es decir, al cumplir 70 años se tiene que ir o los magistrados unidos o la propia administradora podría mandarle a sacar sus pertenecías al pasillo.
Triste la situación del Poder Judicial veracruzano, atropellado, sobajado, vulnerado. Nada queda de aquellos tiempos, donde los togados eran respetados, reconocidos y valorados y donde a pesar de la relación con el Poder Ejecutivo se cuidaban las formas y se respetaba la institución, aseguran destacados juristas. Es así que se dice, lo peor del Poder Judicial aún no sale a la luz, pues tendrá que llegar alguien que realmente de una sacudida o bien alguien que termine de enterrar la dignidad de tan noble institución.
Se asegura que si se rasca se encuentra y entre esos temas, otros como la mala administración, entre salarios excesivos para los amigos, beneficios a proveedores, aseguradoras y demás, donde la titular de dicha área (administración) no saldrá bien librada, porque no hay poder que dure para siempre y tarde o temprano en esta nueva era de persecución política, quien la hace la paga. Mucho por abordar en próximas entregas de lo que está por venir en aquel vulnerado Poder Judicial veracruzano.