Veracruz | 2024-01-26
Como se esperaba, las diferencias entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos salieron a relucir una vez más, en el marco de las comparecencias de dichos organismos autónomos ante el Congreso local de Veracruz, el miércoles pasado.
Las titulares de esas oficinas, Verónica Hernández y Namiko Matzumoto, respectivamente, hablaron del trabajo realizado durante 2023; la primera se centró en la disminución de los índices delictivos en la entidad, y particularmente en las cifras de los delitos de alto impacto, secuestro, homicidio doloso y feminicidio. En tanto, la titular de la CEDH informó que sólo durante el año pasado hubo 360 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, que derivaron en 50 recomendaciones giradas.
La titular del órgano veracruzano de procuración de justicia advirtió que resulta sospechoso que se reactiven quejas por hechos cometidos por gobiernos anteriores, para emitir recomendaciones a la actual fiscalía.
En respuesta, Matzumoto Benítez fue clara al negar la posibilidad de pactos y acciones para encubrir a las anteriores autoridades; y dijo que asegurar lo contrario sólo refleja el desconocimiento de la ley.
Incluso, calificó la declaración de la fiscal como producto de una lectura descuidada de la ley, dado que la CEDH no tiene término alguno para emitir recomendaciones; es decir, que las violaciones a los derechos humanos no prescriben.
En ese punto, a Namiko Matzumoto le asiste la razón; un ejemplo es el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero: el hecho ocurrió en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero la investigación trascendió a ese gobierno y sigue vigente.
Las titulares de ambos organismos han mantenido posturas encontradas; el choque es evidente, como se pudo observar durante las comparecencias ante el Congreso local este miércoles: la FGE colecciona recomendaciones de la CEDH, pero acepta muy pocas.
En caso de que no se solucionen esas diferencias, el desencuentro podría extenderse al menos un par de años más, porque el periodo de la fiscal Verónica Hernández vence hasta 2029, pero el de la presidenta de la CEDH termina en enero de 2026.
Critican el trabajo de la fiscal anticorrupción
¿Quién protege o quién instruye a la Fiscal Anticorrupción de Veracruz, Clementina Salazar Cruz, quien ha pretendido dar carpetazo a las denuncias vivas que existen en contra de la ex titular de Sedesol, Indira Rosales San Román y su sucesor José Rodrigo Marín Santos durante el bienio yunista?
Según las carpetas de investigación FECCEV/217/2019 y 645/2021 habría un daño patrimonial millonario que pretenden dejar en el archivo. Rosales San Román realizó "adjudicación directa" a las empresas Custom Performances S.A. de C.V. por 121.4 millones de pesos; a D&P México Servicios Digitales S.A. de C.V. por 90.4 millones de pesos; y a Integración Documental S.A. de C.V. por 15.1 millones de pesos para la realización de diversos servicios.
Por su parte, Marín Franco, sucesor de Indira Rosales, promovió y asignó la licitación pública estatal SEDESOL-DGMCV-LP-OP-006/2018, relativa a la obra pública de "Construcción de cuartos dormitorios para la región Coatzacoalcos-Minatitlán, en diversas localidades de los municipios de Acayucan, Chinameca, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán, Soteapan y Zaragoza Veracruz", autorizando un monto de $32,457,200.00 (Treinta y dos millones, cuatrocientos cincuenta y siete mil, doscientos pesos 00/100 M.N.), y con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2018 (FISE) recurso perteneciente al presupuesto de la federación.
De acuerdo con la denuncia, los ex servidores públicos simularon actos jurídicos tendientes a beneficiar a una empresa; y con ello llevar a cabo pagos por una obra pública que jamás fue concluida, manipulando los resultados de los avances en el proceso de construcción de los cuartos dormitorios objeto del contrato
Se trata de dos ejemplos del saqueo al erario público del Estado; el punto es que después de 3 años y medio, la actuación de la fiscal Anticorrupción, Clementina Salazar, genera sospechas, porque parecería traer acuerdos para que las denuncias se queden archivadas.
@luisromero85