Veracruz | 2024-04-03
Muy diferentes han sido los días posteriores al arranque de campaña de los dos principales candidatos a la gubernatura de Veracruz.
Por un lado, la abanderada morenista, Rocío Nahle García y sus aliados recorren tres municipios por día tal y como están acostumbrados, pues así lo hicieron desde que Morena no era partido sino un simple movimiento social.
A ras de suelo con la gente y con propuestas, asi lo definió la abanderada de MORENA, PVEM, PT y Fuerza por México en su gira por el norte de la entidad.
Mientras que el candidato de la coalición Fuerza y Corazón Por Veracruz, José Yunes Zorrilla, ha endurecido su discurso de "guerra sucia", una faceta que no se le conoció en campañas pasadas, pero eso es otra historia, como dijera la Nana Goya, la tapatía pero jarocha por adopción.
Lo más interesante es que estas dos caras van mostrando cuál es la estrategia en este proceso electoral que tendrá su desenlace el 2 de junio.
Y es que hay que recordar que el 8 de febrero el candidato por la alianza opositora PRD, PAN y PRI presentó ante las Fiscalías General del Estado y la de Anticorrupción denuncias en contra de quien resulte responsable por el presunto delito de desvíos de recursos públicos a favor de las morenistas, Claudia Sheinbaum y Norma Rocío Nahle García, precandidatas a la presidencia y al gobierno estatal, respectivamente.
"Concretamente, estas tres denuncias son por los eventos que se suscitaron en Poza Rica, está perfectamente respaldado con pruebas y evidencias la utilización de bienes y aparato gubernamental", argumentó aquel jueves cuando se hizo acompañar por los dirigentes de los tres partidos.
Y ahora apenas tres días después que empezaron las campañas Yunes Zorrila presentó una denuncia contra su homónima de Morena, Rocío Nahle, por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la supuesta compra y construcción de inmuebles en dos estados.
De manera que todo indica que desde ya están buscando judicializar la elección, pues aunque digan que se van acercando en las encuestas difícilmente les va alcanzar para triunfar en las urnas.
Lo que busca el equipo de Pepe Yunes es ganar en la "mesa" obviamente con el aval de las dirigencias nacionales, pues saben que la contienda por la Presidencia de la República está perdida y la atención está centrada en el Congreso de la Unión y gubernaturas.
Aunque también son ingenuos si piensan que Veracruz pudiera ser moneda de cambio en caso de un hipotético escenario de conflicto postelectoral.
Esta tendencia y argucias legaloides tienen un sello y no es difícil adivinarlo, quienes son adictos de los tribunales, y junto con sus jueces cercanos, pretenden resolver todo en los andenes legaloides. Los afines a ellos viven El Estero en Boca del Río y también en la Riviera. No se equivocaron.
MUY EN CORTO
VERACRUZ. BARBAS A REMOJAR. En Guanajuato, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán fue asesinada arteramente en pleno recorrido de campaña.
El INE y el OPLE se echan la bolita al responsabilizar uno a otro de no haberle brindado protección, aun cuando fue solicitado por el partido desde inicio del mes de marzo. Tema que terminó en el escritorio del Secretario de Gobierno de esa entidad.
El hecho es que la mujer de 36 años de edad fue acribillada y sacada por medio de la violencia de la carrera electoral.
Ayer mismo, se supo que otro aspirante, también de Morena, en ese estado gobernado por el PAN, huyó y se comunicó desde algún lugar con sus dirigentes, para hacerles ver que se encuentra bien y que huyó por temor al ver lo que ocurrió con su compañera.
Adrián Guerrero es candidato a regidor de la misma planilla que encabezaba la política asesinada.
En Tierra Caliente, Guerrero, el diputado del PRD, Francisco Huacus, dijo ser amenazado por sicarios que rodearon su hotel durante su presencia para iniciar su campaña en busca de la reelección.
En Veracruz ex alcaldes, ex candidatos a regidores, y algunos aspirantes han sido asesinados en los últimos años.
Si bien no se percibe un proceso electoral bajo amenaza de violencia, las autoridades electorales deberían revisar las solicitudes de seguridad para que luego no haya hechos que lamentar o no se tengan que escudar y culpar unos a otros. O como se dice en el argot, "después del niño ahogado, querer tapar el pozo".