Año tras año, México sigue encabezando la lista de países que destinan mayores recursos para sus procesos y organismos electorales.
La cifra proyectada para 2025 —sin la elección del Poder Judicial y de dos estados de la República— alcanza niveles históricos, con un presupuesto que refleja lo caro que resulta garantizar la democracia en el país.
Sin embargo, a pesar de los elevados costos, siguen existiendo dudas serias en torno a la transparencia, eficiencia y calidad de los resultados electorales, así como a la competitividad del terreno político.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), se planea solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 27 mil 270 millones de pesos. Aunque esta cantidad ya es exorbitante, el monto podría incrementarse hasta los 40 mil millones de pesos, cifra sin precedentes para el órgano electoral.
Este presupuesto no contempla la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, un proceso calculado en 13 mil millones de pesos adicionales.
A su vez, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz también requiere fondos para la elección de las 212 presidencias municipales, proyectando una inversión de mil 564 millones de pesos para 2025.
¿DÓNDE QUEDA LA TRANSPARENCIA Y LA EFICACIA?Uno de los cuestionamientos más recurrentes es la falta de transparencia financiera en la ejecución de estos recursos.
Los costos de cada voto en México son de los más altos del mundo; sin embargo, no parecen traducirse en procesos más eficientes ni en un sistema más robusto y confiable.
Los votantes continúan enfrentándose a problemas como la falta de acceso equitativo a la información, la desigualdad de recursos entre los partidos y el uso de estrategias cuestionables, como el condicionamiento de programas sociales o la parcialidad en la cobertura mediática.
En las elecciones presidenciales de 2024, cada voto tuvo un costo promedio de 206.75 pesos, un valor que supera el gasto en otros países latinoamericanos, donde la inversión por sufragio es considerablemente menor.
Sin embargo, la inflación de estos costos en México parece ser un reflejo más de la burocracia y de la falta de medidas efectivas de fiscalización.
Mientras el presupuesto se destina a proyectos de capacitación y fortalecimiento de la infraestructura electoral, se requiere una mayor rendición de cuentas para asegurar que cada peso gastado se traduzca en beneficios reales para la democracia.
INE Y OPLE: DOS GRANDES DEMANDANTES DE RECURSOSEl presupuesto proyectado por el INE incluye una partida de 15 mil 295 millones de pesos para gastos ordinarios y otros 7 mil millones de pesos para el financiamiento de partidos políticos.
Esta última partida resulta especialmente polémica, ya que los recursos para los partidos son motivo de fuerte debate social.
Una buena parte de la ciudadanía se cuestiona si los partidos realmente justifican la cantidad de recursos asignados, dado que la falta de renovación en la clase política y el predominio de figuras y prácticas cuestionables siguen siendo una constante.
Por su parte, el OPLE en Veracruz también maneja un presupuesto millonario.
Los mil 564 millones de pesos solicitados abarcan tanto el proceso de elección municipal como la posible elección de funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, en el contexto de Veracruz, esta cifra despierta cuestionamientos adicionales debido a los antecedentes de mala administración en el estado y los problemas recurrentes de corrupción.
La asignación de estos recursos debería estar sujeta a un control exhaustivo, dado que el OPLE también se enfrenta a la responsabilidad de gestionar el financiamiento de los partidos y asociaciones políticas estatales, cuyo uso final no siempre está alineado con los intereses del electorado.
REVISAR Y AUDITAR EL GASTOAl final, el problema no es sólo el costo, sino lo que se obtiene a cambio.
La sociedad mexicana espera que estas inversiones se traduzcan en elecciones más equitativas, con un verdadero “suelo parejo” para todos los contendientes y con procesos que sean un modelo de transparencia y rendición de cuentas.
No obstante, la realidad es otra. Las prácticas de coacción, la compra de votos y las campañas de desinformación siguen vigentes, generando una brecha entre el costo de las elecciones y los beneficios percibidos por los ciudadanos.
El gasto proyectado para 2025 en México no sólo representa una inversión económica considerable, sino que plantea la necesidad urgente de revisar y auditar los procesos que rigen el gasto electoral.
Los desafíos de transparencia, imparcialidad y fiscalización son cuestiones que no pueden ser eludidas si se quiere construir una democracia sólida y equitativa, que contribuya realmente a la consolidación de una democracia auténtica y competitiva.
La democracia mexicana no puede permitirse ser costosa y al mismo tiempo fallar en ofrecer elecciones justas y transparentes, en las que la competitividad y la igualdad de condiciones sean la norma.
AL OÍDO
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