Coatzacoalcos | 2024-09-16
En la política veracruzana, no es raro ver a un candidato aferrarse al último resquicio de esperanza tras una derrota.
Este es el caso del priista Pepe Yunes Zorrilla, quien sigue empecinado en revertir el triunfo electoral de Rocío Nahle en la elección pasada para la gubernatura de Veracruz.
Nahle, candidata de Morena, obtuvo un contundente 58.3% de los votos, mientras que Yunes se quedó con un 31.9%. Un margen que, para cualquiera con sentido común, parece irremontable.
Pero, para Yunes, la batalla no ha terminado. En su último esfuerzo por defender su causa, ha decidido impugnar la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Su argumento: la elección estuvo plagada de vicios, desde la utilización de recursos públicos hasta la manipulación de programas sociales en beneficio de Morena.
Un reclamo que ha resonado en los oídos de muchos, pero que, hasta ahora, no ha encontrado eco en las instituciones judiciales.
Yunes no solo se queja de lo que él llama una elección viciada, sino que además subraya la desaparición de más de un millón de boletas, algo que, de ser cierto, representa una grave falla en la cadena de custodia de los paquetes electorales.
Es aquí donde su narrativa gana fuerza: el desvanecimiento de un millón de boletas no es un simple error administrativo, es, en sus palabras, una violación directa a la voluntad popular.
Sin embargo, a pesar de lo sólido que pueda parecer su argumento, la realidad es que su margen de derrota es abrumador. Incluso si se corrigieran todas las irregularidades que él menciona, es improbable que el resultado final se altere.
La participación ciudadana fue del 59.3%, una cifra relativamente baja, pero que refleja un claro mandato a favor de Rocío Nahle.
Yunes concluye su mensaje con una frase lapidaria: "Esto no ha acabado".
Sin embargo, para muchos, este es el último suspiro de una campaña que no logró conectar con la mayoría del electorado veracruzano.
Su insistencia en impugnar el resultado, aunque legítima en el marco democrático, corre el riesgo de ser vista como un intento de prolongar lo inevitable.
La realidad es que el futuro de Veracruz ya parece estar marcado por el triunfo de Nahle, mientras que Yunes tendrá que decidir si es momento de pasar la página o seguir luchando en una batalla que parece perdida desde el principio.
Por cierto, el video en redes sociales apareció en una semana donde sus más poderosos aliados electorales han cambiado de bando.
En los últimos días se ha intensificado el movimiento de personal en el edificio del Hospital Materno Infantil IMSS Bienestar que se ubica en el poniente de Coatzacoalcos.
Varias compañías relacionadas con el tema eléctrico, de ingeniería civil, incluso especialistas en el tendido de redes y rehabilitación de nodos para internet, están laborando para darle viabilidad de uso al inmueble.
Una vez finiquitado, esto vendrá con la inversión mayor, que es el equipamiento del hospital.
Expertos aseguran que el costo del equipamiento de un hospital puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como el tipo de hospital y su especialidad.
Sin embargo, en términos generales, el equipamiento suele representar aproximadamente entre el 30% y el 50% del costo total de construcción.
El hospital que tenía un plazo de 250 días para su construcción lleva ya ocho años en desuso.
Ha pasado de una presunta inversión inicial de 50 millones de pesos a cerca de 370 millones para su edificación y 200 millones más para su equipamiento. Pero todo sigue igual.
Hace apenas unos meses, el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguraba que se invertirían 90 millones de pesos para echar a andar el hospital; por lo menos hoy en día hay evidencia de que ya se está trabajando en su interior.
Veremos si alcanza el dinero para ver al fin funcionar este nosocomio que ha visto pasar varias administraciones federales y estatales, y que solo fue usado limitadamente por la emergencia del COVID.
Así las cosas.
La militarización del Istmo de Tehuantepec, bajo el argumento de asegurar el desarrollo del Corredor Interoceánico, plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
El uso de la Marina y la Guardia Civil para controlar el territorio, según informes de la organización Misión Civil de Observación, ha derivado en actos de intimidación, hostigamiento y criminalización de ejidatarios y defensores del medio ambiente.
Este tipo de intervenciones no solo vulnera los derechos de las comunidades indígenas, sino que también deteriora la relación entre el Estado y los habitantes de la región.
El desarrollo económico no debe estar por encima del respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Hay que pasar del discurso a los hechos en este tema.
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