Veracruz | 2024-10-14
La procrastinación y la omisión en la toma de decisiones son factores preocupantes que pueden tener consecuencias devastadoras en diversos sectores sociales y económicos. Ya sea en el ámbito familiar, empresarial o gubernamental, no actuar a tiempo o retrasar soluciones no solo refleja ineficacia, sino también una falta de responsabilidad que puede generar pérdidas millonarias y erosionar la confianza pública en las instituciones.
Este fenómeno es particularmente relevante en el contexto de los conflictos sociales que requieren respuestas rápidas y eficaces por parte del gobierno.
Cuando un conflicto social surge, como protestas, bloqueos o huelgas, la respuesta del gobierno debe ser inmediata.
De lo contrario, las consecuencias pueden multiplicarse exponencialmente. Sectores como el transporte, la industria y el turismo pueden verse gravemente afectados, generando pérdidas económicas considerables.
Las empresas pierden ingresos por la interrupción de sus actividades, mientras los ciudadanos enfrentan incertidumbre y desconfianza en las autoridades.
El reciente desbloqueo de las vías férreas en Puente Colorado, Puebla, que interrumpió la ruta Veracruz-Ciudad de México durante 18 días, es un claro ejemplo de las consecuencias de la falta de acción gubernamental.
Este bloqueo, causado por la demanda de acceso al agua potable de los habitantes de Chapulco, afectó gravemente la industria nacional y expuso la falta de atención a tiempo por parte de las autoridades.
La intervención de la Secretaría de Gobernación, dirigida por Rosa Icela Rodríguez, fue clave para resolver el conflicto el sábado pasado y permitir que las operaciones ferroviarias se reanudaran tras casi tres semanas de parálisis. El acuerdo, que incluyó la instalación de una planta potabilizadora, subrayó la importancia de la negociación en situaciones de este tipo. Sin embargo, queda la pregunta de por qué se permitió que la situación escalara hasta este punto, generando pérdidas multimillonarias.
Durante el bloqueo, se estima que la industria perdió más de 1,312 millones de pesos. Esta cifra incluye el impacto en las operaciones de Ferrosur y Ferromex, así como en sectores clave como el agroalimentario, automotriz y químico.
La interrupción afectó el abasto de materias primas en el Valle de México, con el riesgo de desabasto en plantas productoras de alimentos tanto para consumo humano como animal. Esto evidencia cómo los bloqueos en infraestructuras estratégicas pueden desestabilizar cadenas productivas enteras en un país donde el transporte ferroviario es esencial para el comercio interior.
Las industrias químicas, de fertilizantes y de plásticos, entre otras, también sufrieron por la inmovilización de 85 mil toneladas de materias primas.
En el sur de Veracruz, varias empresas redujeron su producción debido a la imposibilidad de almacenar el producto generado.
Los carrotanques y furgones no fueron suficientes para resguardar los productos, lo que llevó al llenado completo de los patios de traslado, generando conflictos con proveedores y afectando la cadena comercial.
Los sectores afectados no solo enfrentaron problemas logísticos, sino también la incertidumbre sobre cuándo se reanudarían las operaciones, complicando la planificación de sus actividades y la satisfacción de la demanda del mercado.
Aunque la comunidad de Puente Colorado tenía razones legítimas para protestar, la ocupación ilegal de vías ferroviarias no debió ser la primera opción.
Es responsabilidad del gobierno anticiparse a estos conflictos y ofrecer soluciones antes de que se agraven. La escasez de agua, que fue el detonante del bloqueo, se originó hace dos años cuando un descarrilamiento de trenes contaminó los mantos acuíferos locales.
Durante ese tiempo, la comunidad buscó soluciones, pero la inacción del gobierno exacerbó la situación, llevando a los habitantes a tomar medidas extremas.
El caso del bloqueo en las vías del tren México-Veracruz debe servir como una advertencia para las autoridades. No se puede postergar la solución de conflictos sociales sin que haya repercusiones significativas.
Las pérdidas económicas, los problemas logísticos y la incertidumbre generada por el bloqueo podrían haberse evitado con una acción proactiva. La industria y la sociedad necesitan de un gobierno que responda con rapidez y que, mediante el diálogo y la planificación, garantice la estabilidad de todos los sectores.
Uno de los principales motivos que pueden llevar a un gobierno a procrastinar es el temor a tomar decisiones impopulares. En ocasiones, los líderes políticos prefieren evitar conflictos con sectores específicos o partidos, optando por no actuar y esperando que los problemas se resuelvan solos o que los conflictos se desgasten. Sin embargo, este enfoque es insostenible y subestima el poder destructivo de los conflictos no resueltos.
"PD. Para los que les gusta amarrar navajas, les comento que van por el camino equivocado", publicó Juan Javier Gómez Cazarín en sus redes sociales hace unos días. Esto en referencia a quienes aseguran que habrá revisiones de sus cuentas en el Congreso una vez que Esteban Bautista llegue a la Jucopo.
Dicen los que saben que, poco a poco, se le irá quitando lo pendenciero. Al tiempo.
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