Coatzacoalcos | 2024-04-01
Con el electorado casi exhausto por el gran contenido electoral derramado desde hace dos años, ayer arrancaron formalmente las campañas a gobernador, incluyendo la de Veracruz.
Esta campaña se suma a la de Presidencia de la República, senadores y diputados federales. Solo queda por iniciar, en el último mes previo a la elección, la campaña de diputados locales.
En el complicado entramado de la política electoral, los topes de gastos de campaña siempre han sido objeto de atención y debate.
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha fijado los límites para las elecciones de gobernador y diputados locales por mayoría relativa en el estado de Veracruz.
Los números revelados en la reciente sesión extraordinaria del Consejo quedaron de la siguiente manera: 129 millones 621 mil 609.47 pesos es el tope de gastos para las campañas de los aspirantes a la gubernatura, mientras que para los diputados locales, se ha establecido un límite de 66 millones 272 mil 834.31 pesos para todos.
Estas cifras no solo son una mera referencia contable, sino que delinean el marco financiero dentro del cual los candidatos y partidos políticos deben operar durante el periodo electoral.
El gran problema no es el recurso asignado, que al final del día es dinero de todos los veracruzanos, sino la opacidad con la que se ejercen estos billetes.
Pese a las cuentas alegres, nunca se sabe si gastaron poco o sobrepasaron y por mucho lo asignado.
En esta ingeniería financiera electoral, el valor unitario del voto se ha fijado en 43.50 pesos para la elección de gobernador y en 27.69 pesos para la de diputados locales.
Estos números no solo representan una asignación económica, sino que también tienen implicaciones profundas en el juego político y en la representatividad democrática.
Es importante reflexionar sobre cómo se llegaron a estas cifras. El OPLE ha tomado en consideración diversos factores para su determinación, desde el valor unitario del voto en elecciones pasadas hasta el índice de inflación reportado por el INEGI.
Además, se han considerado datos socioeconómicos y demográficos, así como la duración de las campañas electorales. Esta metodología busca garantizar un equilibrio financiero y una competencia justa entre los contendientes.
El periodo de las campañas, como usted debe saber, fue definido del 31 de marzo al 29 de mayo para los candidatos a la gubernatura y del 30 de abril al 29 de mayo para los aspirantes a diputados locales.
Este tiempo limitado exige una gestión eficiente de los recursos disponibles y un enfoque estratégico por parte de los participantes en el proceso electoral.
Es evidente que el debate sobre los topes de gastos de campaña continuará. Algunos argumentarán que son demasiado restrictivos, limitando la capacidad de los candidatos para transmitir sus mensajes y conectarse con los votantes, aunque es claro que algunos ya gastaron más aún sin iniciar la campaña.
Otros sostendrán que son necesarios para prevenir el exceso de gastos y mantener la equidad en la contienda. En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio que garantice la transparencia y la competitividad en el proceso electoral.
En este contexto, es responsabilidad de todos los actores involucrados, desde los candidatos hasta los órganos electorales y la ciudadanía en general, velar por la integridad y la legitimidad del sistema democrático.
La democracia depende de la participación activa y la vigilancia constante de sus instituciones. Los topes de gastos de campaña son solo una pieza del rompecabezas, pero una pieza crucial en la construcción de un proceso electoral justo y transparente.
Pese a tener 134 artículos, interminables faltas de ortografía y la urgente y necesaria actualización en varios rubros, el Bando de Policía y Gobierno de Coatzacoalcos pareciera letra muerta.
Aprobado en Sesión de Cabildo el día 22 de Abril de 2015, tiene nueve años de antigüedad.
El documento que debiera ser una guía para los ciudadanos y las autoridades para definir una ciudad que se moviliza con crecimiento, al ritmo de la legalidad y el respeto comunitario, solo queda en un panfleto que se añeja en la red o en algún escritorio de la intendencia municipal.
El acelere de subir vehículos sobre la ciclovía y más aún, sobre la banqueta del malecón costero, dejar un marranero donde se convive, como ha ocurrido en estos últimos días vacacionales, debería ser perfectamente sancionable con este Bando de Policía y Gobierno, sin embargo, pocos conocen que existe.
Ya habrá tiempo de hablar de este tema. No habrá política pública que se respete, si no llega la sanción, aunque esto tenga un costo político o de imagen para alguien, al final del día habrá un superávit para todos.
joluperezcruz@hotmail.com