Veracruz | 2022-09-28
José Elías Romero Apis, exdiputado federal del PRI, escribió que su padre, un prominente abogado y político, solía decir que los Presidentes de la República podían jugar con todo, menos con tres cosas: la Constitución, el Banco de México y el Ejército. Y reseñaba lo que le había pasado a Victoriano Huerta por jugar con la Carta Magna; a Gustavo Díaz Ordaz con las Fuerzas Armadas, y a Luis Echeverría con el Banco Central.
Hoy, en su afán transformador, el presidente López Obrador anda haciendo malabares con los preceptos constitucionales para militarizar la Guardia Nacional y ha expuesto al escrutinio público y judicial a la hermética milicia con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Ayer, al confirmar la renuncia de Omar Gómez Trejo a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa –luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la FGR y aprobado el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas–, el mandatario pidió a los padres de las víctimas “que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir…”.
Sin embargo, la embestida de la élite castrense ha ido creciendo. Ayer, Alejandro Robledo y César Omar Gómez, abogados de cuatro militares imputados –entre ellos el general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala–, anunciaron que procederán penalmente contra el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, por politizar la investigación y fabricar pruebas falsas contra sus defendidos.
Este martes, el columnista de El Universal, Carlos Loret, reveló que hace un par de semanas, después de que Encinas diera a conocer públicamente el informe de la Covaj, en una reunión del gabinete de seguridad que ante la ausencia del Presidente encabezó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, advirtió que “si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”.
La molestia del jefe militar es entendible, pues seguramente teme que así como se está actuando en el caso de Ayotzinapa se reabra también aquella masacre de Los Zetas de más de 300 personas, ocurrida el 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, cuando la Guarnición de Piedras Negras estaba bajo el mando del actual secretario de la Defensa Nacional.
Y es que el 3 de mayo de 2019, el presidente López Obrador afirmó que el secuestro y desaparición masiva de estas víctimas en Coahuila, así como el uso del penal de Piedras Negras para asesinarlas y desaparecer sus cuerpos, “son crímenes horrorosos que aún se investigan y que no prescriben”.
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