Veracruz | 2024-01-27
La Constitución de los Estado Unidos de América fue aprobada en 1787. A la fecha sigue vigente. Ha tenido 27 enmiendas, cuyo objetivo ha sido precisar los derechos de los ciudadanos, no restringirlos y mucho menos limitarlos. Dentro de las enmiendas más importantes se encuentran: La libertad de cultos, el derecho a la libre expresión, la abolición de la esclavitud, el derecho a poseer armas en sus domicilios, el derecho de los acusados a un juicio justo, entre otras. A las primeras 10 enmiendas se les llama también Carta de Derechos de los ciudadanos.
Por el contrario, en México hemos tenido inicialmente la Constitución de Apatzingán, basada en las ideas de José María Morelos en 1814, luego la de 1824, después la de 1836, otra más en 1843, la de 1857 y finalmente la de 1917. Es conveniente aclarar que cada una de las constituciones citadas reflejaron la ideología de los grupos políticos dominantes quienes impusieron sus principios y dogmas al resto de la población sin escucharla primero. La conciliación de intereses brilló por su ausencia.
Mucha sangre se derramó en el país, especialmente después de las constituciones de 1857 y de 1917.
Esto nos debe dar una idea de la polarización social que a veces el cambio abrupto de las leyes provoca, cuando el grupo que está en el poder impone su visión ideológica sobre los demás, sin intentar siquiera buscar consensos acerca de las soluciones que deben aplicarse a los grandes problemas que el país enfrenta.
Comento esto como antecedente y con la idea de que casos así no se repitan jamás.
Narro lo anterior porque a marchas forzadas el presidente de la República enviará al Congreso el próximo 5 de febrero diversas iniciativas para cambiar nuestra Constitución.
Dentro de las propuestas que enviará se encuentra la que obliga a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial a ser electos mediante el voto popular. Esto politizará aún más la impartición de justicia. Para ser electos los tendrá que abanderar un partido político y deberán hacer campañas que cuestan mucho dinero. ¿Quién pagará ese gasto?
Además, buena parte del pueblo bueno vota por quien más playeras y baratijas regala, lo cual no garantiza que lleguen a los cargos de jueces, magistrados y ministros los mejores.
Puestos de esa naturaleza requieren de profesionistas con reconocida capacidad, experiencia, honradez y solvencia ética que una votación popular no garantiza. Para explicarme mejor, los pasajeros de un avión no votan para escoger al capitán que lo tripulará. Simplemente confían en que los directivos de la aerolínea pondrán a la persona más calificada al mando de la nave en base a sus habilidades, experiencia, cursos tomados y horas de vuelo; porque no pueden poner en riesgo ni la vida de los pasajeros ni alto costo que tiene un avión.
Otro tema que causará polémica es la idea del presidente de que los trabajadores que se jubilen lo hagan con el último sueldo que tenían. Una cosa es lo deseable y otra lo posible. No hay economía en el mundo que aguante una carga financiera tan alta. Para pagar pensiones el gobierno federal debe destinar cada año más de un billón de pesos y aparte medio billón para programas sociales. Estos montos se incrementan anualmente en forma exagerada, al grado de qué si no se moderan pronto, no habrá dinero suficiente para pagarlos. En el 2024 están planeando pedir prestados casi dos billones de pesos que gastarán y la deuda con intereses deberemos pagarla nosotros, nuestros hijos y nietos.
Hay otro temor que genera el posible cambio de la Constitución y es el referente al manejo de las AFORES. Ese dinero es de los trabajadores. Se calcula que maneja recursos por 5.6 billones de pesos, de los cuales tres billones los tiene prestados el gobierno federal. Dado que ya no hay de donde sacar más dinero para pagar las enormes cantidades que requiere para ganar las elecciones a través de los programas sociales, mantener a flote a PEMEX, continuar con la refinería y terminar el tren maya, las posibilidades de que el Gobierno busque controlar las AFORES para utilizar los fondos se incrementan. Ojalá y esté yo equivocado, porque de lo contrario la administración siguiente se encontrará con las arcas públicas vacías y no habrá dinero para lo esencial.
Hay también un riesgo grave que pocos dimensionan. No tiene el Presidente los votos suficientes en el Poder Legislativo para hacer los cambios constitucionales que propone, porque requieren mayoría calificada para que sean aprobados.
Pero siempre puede existir un as bajo la manga. Éste lo utilizó el gobierno de Maduro en Venezuela cuando el Congreso de su país no le permitió llevar a cabo sus reformas. Simplemente disolvió el Congreso y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que en el 2017 acabó aceptando todos los cambios constitucionales que Maduro planteó.
Grave. ¿No les parece a Ustedes?
Muchas gracias y buen fin de semana.