Veracruz | 2024-10-29
El caso del magnate Emilio Azcárraga Jean, quien la semana pasada decidió separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa ante la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició en su contra por supuestos sobornos a funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para obtener los derechos de transmisión de los partidos de las Copas Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030, es el mejor ejemplo de que la impunidad en México no sólo es atribuible a los jueces, magistrados y ministros "corruptos" del Poder Judicial de la Federación (PJF) –principal argumento de la polémica reforma de la 4T que propone sustituirlos por otros que sean electos mediante el voto popular, proceso electoral que según un proyecto presupuestal del INE costaría más de 13 mil millones de pesos–, sino que también ha exhibido la inoperancia de la Fiscalía General de la República (FGR), un órgano supuestamente autónomo, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o "lavado de dinero".
Y es que años antes de esta investigación, Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), había presentado también una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en la que afirma que Azcárraga Jean y Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, otros ejecutivos de primer nivel de Televisa, presuntamente recibieron sobornos en efectivo provenientes de "funcionarios mexicanos corruptos, gobiernos y partidos políticos".
En el documento presentado ante la SEC el 6 de octubre de 2022, Fernández García señaló que los recursos en efectivo fueron gastados a través de una empresa financiera de su propiedad –mediante engaños– en la compra de bienes de lujo, como un avión Gulfstream y un yate, así como para el pago de diferentes servicios en Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011 con diferentes intermediarios.
Para lograr su objetivo, los ejecutivos de Televisa abrieron cuentas corporativas en su compañía denominada Diversity Investment Corp, a través de las cuales se habrían realizado 29 "transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas" para presuntamente lavar 40 millones de dólares que Fernández presume como "sobornos procedentes de las arcas públicas de México o de otras actividades ilegales y delictivas".
Por lo anterior, el denunciante imputó a Azcárraga Jean, Gómez y Angoitia conductas que describe como "fraude financiero, lavado de dinero y perjurio", las cuales representan violaciones "flagrantes" y "continuadas" a diversas leyes estadounidense en materia de valores bursátiles, contra la corrupción, el secreto bancario y antilavado de dinero.
En el texto de su denuncia presentada vía electrónica, Fernández García señaló que "cuenta con información original, material y no pública, que demuestra que Televisa" y sus ejecutivos "han perpetrado, durante más de una década, un esquema masivo de lavado de dinero a través de Televisa para limpiar pagos ilegales"
La denuncia del extitular de la CNBV implica a las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012), del PAN; Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI, y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), de Morena, cuya actitud omisa se contrapuso a su discurso anticorrupción.