Dan 45 años de prisión a sujetos por doble homicidio en Acayucan

El 20 de marzo del 2022, Rutilo Arenas Méndez y su hija de escasos 15 años, Perla, iban rumbo a su domicilio en Almagres, por el camino que conduce al predio San Antonio, en el municipio de Sayula de Alemán,  cuando sujetos hasta ese momento desconocidos, lo atacaron a balazos, matando a los dos.

A dos años de ese crimen, dos de los presuntos autores materiales, Víctor Adrien alias el Caca seca e Ismael, alias el Melo, actualmente presos en el reclusorio regional de esta ciudad, han sido condenados a pagar ese crimen con 45 años y 32 años con seis meses de prisión respectivamente, según lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los dos fueron condenados por un juez de sentencias del juzgado de procesos y procedimientos orales en materia penal de este distrito judicial con sede en Acayucan.

Víctor Adriel, fue detenido el 4 de diciembre en el estado de Yucatan, por la policía ministerial del estado al dar cumplimiento a una orden de captura emitida por un juez de control de este distrito.

El Melo, actualmente de 21 años de edad, en cambio, había sido detenido antes, el 28 de marzo del 2022 en un operativo realizado en Acayucan por la misma corporación investigadora.

Antes de los dos, la Secretaría de seguridad pública del estado, detuvo en sus respectivos domicilios de Almagres a  Hugo “N”, alias “El Niño”; a Alejandro “N”, alias “El Nene” y Laureano “N”, alias “El Chelo”, éste ultimo, hermano y tío de la víctima, pero todos fueron dejados en libertad por una violación al procedimiento de investigación y captura. 

Se dijo en ese entonces, que el homicidio había sido a causa de un pleito por una herencia entre los hermanos, pero a la fecha, no se ha dado a conocer en forma oficial, el móvil del doble asesinato.

La sentencia de 45 años en contra de Victor Adriel alias el Caca Seca, actualmente de 25 años de edad y la de 32 años con seis meses en contra de Ismael alias el Melo, fue realizada dentro del juicio oral 94/2023, informó la Fiscalía de justicia.

El juez además de dictar sentencia,  suspendió sus derechos civiles y políticos y estableció un pago por concepto de reparación de daños, cuyo monto no fue relevado por la autoridad procuradora de justicia.