Acusan a fiscales de Las Choapas por corrupción

Una red de corrupción envuelve a la Sub Unidad de Procuración de Justicia de la FGE con residencia en la ciudad de Las Choapas, en la cual se involucran a dos fiscales que presuntamente exigen hasta 10 mil pesos para no procesar al Cereso a dos personas discapacitadas.

La fiscal primera, Cristina Alejandra Sanchez Reyes y la encargada Jesica Lizbeth Orozco Precenda, fueron acusadas de utilizar todo el aparato de justicia para humillar, vejar y discriminar a dos personas, una de ella sordomudo y la otra con problemas cognitivos.

A ellos se les amenazan, les dicen que terminaran sus días en una cárcel en caso que no paguen una cuota, dinero que no tienen por ser pobres.

En caso de comprobarse estos actos,  las dos fiscales serían removidas de su cargo a demás que serían investigadas, toda vez que los actos de corrupción se catalogan como un delito grave.

La parte agraviada, refiere que su ‘infierno’ inició desde el 20 de julio, cuando durante una revisión,   los policías detectaron que el registro de la camioneta donde viajaban dos discapacitados no coindicen en la base de datos del Repuve.

A pesar que se demostró con documentos oficiales que la unidad no tiene reporte de robo y que el error se debió al personal de Sefiplan en el llenado de la hoja, no fue suficiente para las fiscales, quienes se la pasan exigiendo el dinero en efectivo para acabar con el hostigamiento de los dos personas con capacidades diferentes.

Ellos mismos, incluso han estado detenido por más de 24 horas en el municipio de Las Choapas, en donde el pasado 8 de octubre fueron intimidados y extorsionados por el personal que supuestamente procura justicia.

En ese momento se les pidió tres mil pesos por cada uno, para que supuestamente un abogado de oficio los representara, pero como no pudieron cubrir el pago de honorarios, fueron llevados a la cárcel municipal, recuperando su libertad hasta el día siguiente.

Mientras la persona sordo-muda y la de lento aprendizaje se encontraban tras las rejas, la fiscal primera, Cristina Alejandra Sánchez Reyes, llegó a amenazarlos, les advirtió que si seguían trabajando los volverían a detener y ahora si serían procesados,  debido que ahí se hace lo que ellas digan por ser la autoridad, sostuvieron los agraviados.

La queja documental interpuesto el pasado 4 de noviembre ante la Fiscalía Regional de la zona sur con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, narra que por enésima ocasión las fiscales exigieron 10 mil pesos para liberar la camioneta que se encuentra retenida en el corralón en la cual viajaban los discapacitados.

La parte agraviada, pidió la intervención del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez y de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, para que se investiguen los actos de corrupción y sean castigadas en caso de comprobarse su participación en éste delito considerado como grave, contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política, que amerita prisión oficiosa, es decir sin derecho a fianza.