El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la iniciativa de reforma en el Poder Judicial, que enviará en septiembre del próximo año, plantea reducir fideicomisos y sueldos, además de eliminar los privilegios de ministros, jueces y magistrados, con el objetivo de generar recursos en beneficio del pueblo.
“Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”, enfatizó.
En conferencia de prensa matutina destacó que la política de austeridad y cero corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación ha permitido financiar más obras con recursos públicos —sin recurrir a contratar deuda— y, sobre todo, distribuir el ingreso con justicia a la población que más lo necesita.
“Todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar privilegios, es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión de adultos mayores, para la pensión para personas con discapacidad, (…) es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, subrayó.
Ante representantes de medios de comunicación, el mandatario expuso 40 privilegios que mantienen altos funcionarios del Poder Judicial, que se pagan con el erario público y contradicen a la Ley Federal de Austeridad Republicana:
“No es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¿Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto? ¿Cómo en un país con tanta pobreza?”, cuestionó.
La reciente decisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la cancelación de las modificaciones en materia electoral que promovió el Poder Ejecutivo, no representa la voluntad del pueblo, afirmó el presidente.
“Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. (…) Además, representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo”, apuntó.
“Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral, pero si se aprobaba la ley, entonces tenía que aplicarse a ellos. Lo cierto es que están violando la Constitución”, señaló.
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