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Reforma al Poder Judicial: este es el primer estado en rechazarla, te decimos cuántos la han aprobado
Rechazaron el dictamen al considerar que para la elaboración de la reforma no fueron tomados en cuenta ni los universitarios, ni los empleados del PJ.
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Por dos votos contra uno, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 60 legislatura del estado de Querétaro, rechazaron por mayoría de votos el dictamen de la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada de manera general y particular la madrugada de este miércoles por el Senado de la República.
Por lo que, Querétaro, que es un estado gobernado por Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN), se convirtió en la primera entidad en rechazar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Por su parte, Manuel Pozo Cabrero del extinto partido local "Querétaro Independiente" y presidente de la comisión, en conjunto con Ana Paola López Birlain, titular de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, votaron a favor de rechazar el dictamen, mientras que Christian Orihuela de Morena emitió su voto en contra.
Así pues, la legislatura de Querétaro recibió de manera formal el dictamen alrededor de las 12 del mediodía de ayer, miércoles 11 de septiembre.
Debido a esto, el presidente de la Comisión, Manuel Pozo convocó a sus integrantes a una sesión para su revisión. Al final fue rechazado en comisiones.
López Birlain (quien es secretaria de la comisión) y Pozo Cabrero rechazaron el dictamen al considerar que para la elaboración de la reforma no fueron tomados en cuenta ni los universitarios, ni los trabajadores del Poder Judicial, además de que, de acuerdo a los legisladores, quitarán autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En contrate, Christian Orihuela Gómez, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró que la aprobación de la reforma era una buena noticia para México y aseveró que será aprobada por más de dos terceras partes de los congresos locales.
La reforma, añadió, pretende eliminar los sueldos onerosos, así como otros lujos y privilegios que gozan jueces y magistrados; y por la inclusión de la sociedad en la elección de los integrantes del Poder Judicial.
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