Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia por las amenazas de muerte que recibió.
“No quiero morir sin encontrar a mis hijos, le han puesto precio a mi cabeza, ofrecen 50 mil pesos por matarme."
"Tengo un botón de pánico que no nos protege, necesito seguridad permanente”, mencionó la madre buscadora afuera de las instalaciones de la FGR durante una conferencia de prensa.
Flores Armenta mencionó que cuenta con pruebas suficientes de las amenazas que ha recibido y que desde un penal de Hermosillo “nos llegó información de que me iban a matar”.
La activista portaba una simulación de cheque grande, donde se ofrecía la cantidad de 50 mil pesos para pagar a un sicario. Además, dijo que también le “pusieron precio” a algunas de sus compañeras, sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso ante las denuncias.
De acuerdo con sus declaraciones, le negaron la protección permanente porque no detiene las búsquedas, “esa fue la orden de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y de Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)”.
“No me pueden dar una custodia permanente porque tengo que dejar de buscar, porque ellos no pueden participar en la búsqueda."
Es lamentable que tengamos que sufrir esta situación y que yo tenga que vivir con miedo y que prefiera vivir en el monte porque ahí sí tengo seguridad”, reiteró Ceci Flores Armenta.
La activista es reconocida por encabezar búsquedas en las que se pudieron encontrar miles de personas desaparecidas, pese a las dificultades interpuestas por las autoridades – las cuales ella misma ha denunciado – y las amenazas del crimen organizado.
En julio de este año, la activista interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas, por haber hecho público en lugar donde se encontraba resguardada.
Marco desapareció en el municipio de Bahía de Quino en Sonora, en mayo de 2019: un comando acudió a su casa, se lo llevó; en el caso de Alejandro, un grupo armado se lo llevó en Los Mochis, Sinaloa, en octubre de 2015, cuando se encontraba en una gasolinera.
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