Invalida SCJN ‘candado’ de 10 años para que ex funcionarios trabajen en IP

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional la restricción de 10 años para que altos funcionarios gubernamentales puedan contratarse con empresas privadas, establecido en la Ley de Austeridad Republicana.

Norma Lucía Piña, ministra ponente, reconoció que si bien la finalidad de esta medida es legítima, pues busca evitar conflictos de intereses y evitar que haya empresas que obtengan “ventajas indebidas” al obtener “información privilegiada”, la prohibición de una década “es excesiva”.

En ese sentido, señaló que la Constitución presenta medidas similares para otros cargos públicos, aunque no se rebasan los tres años, además que no hay un argumento que justifique un plazo que alcance los 10 años.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, expuso que la norma es “sobreinclusiva”, pues no todos los cargos de mando superior tienen o las mismas responsabilidades “ni presentan el mismo grado de riesgo de corrupción”.

Fue el 20 de noviembre de 2019 cuando la Ley de Austeridad, impulsada por el presidelte López Obrador, entró en vigor.

La norma invalidada es el párrafo segundo del artículo 24 de dicha ley, que establecía: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.