El exmando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, ha sido denunciado de un presunto desbloqueo irregular de cuentas bancarias pertenecientes a líderes de grupos del crimen organizado, lo que derivó en una investigación penal en su contra.
De acuerdo a informes de la Fiscalía General de la República (FGR), se han descongelado en total unas 722 cuentas bancarias, cuyo valor asciende a más de mil millones de pesos, pertenecientes a capos del narcotráfico.
Esta acción irregular de liberar los activos financieros de los cabecillas generó un sinnúmero de indignación y cientos de cuestionamientos hacia la pasada administración de Enrique Peña Nieto.
Este caso es el único que ha sido llevado a la justicia desde la querella presentada en 2019 contra extitulares de la UIF, Alberto Bazbaz Sacal y Orlando Suárez López.
De acuerdo con el periódico Reforma la FGR inició un proceso penal en su contra, bajo la acusación de ‘ejercicio ilícito del servicio público’, sin embargo, prevén que Moreno Balbuena lleve su procedimiento en libertad, debido a que el delito que le imputaron no contempla la prisión preventiva de oficio.
En medio de este escándalo, se encuentra el desbloqueo de activos inmovilizados desde el 2014, lo que generó desconfianza de las acciones de los exfuncionarios de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La querella fue interpuesta por la administración de Santiago Nieto, quien tiempo después asumió el cargo luego de la finalización del sexenio de Enrique Peña Nieto, reveló la situación.
Los más afectados por esta irregularidad, están María Guadalupe Gastélum Payán, Brenda Guadalupe y Nidia Patricia Esparragoza Gastélum, todas familiares de ‘El Azul’, fallecido miembro del Cártel de Sinaloa.
Asimismo, figuran familiares de Rafael Caro Quintero, conocido narcotraficante mexicano.
Lo alarmante de la situación es que, aparentemente, muchos de los dueños de dichas cuentas no fueron reclamadas legalmente para la devolución de los activos financieros, lo que genera interrogantes acerca del móvil para dar este aparente trato preferencial.
Las autoridades prometieron una investigación exhaustiva y transparente para aclarar este suceso y castigar a los responsables.
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