Un juez suspendió el procedimiento contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso de la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a la petrolera nacional.
Durante la audiencia que se celebró en el en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López señaló que se suspendía el proceso penal porque Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), estaba pagando la reparación de daño y esa medida se hacía extensiva a Lozoya, quien también estaba imputado en el caso.
Esta decisión es un revés para el gobierno mexicano, luego de que el pasado 18 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de reparación de daño que le exigen a Emilio Lozoya.
Lo anterior representaba un aumento del 200%, por lo que el exfuncionario federal calificó esa acción como una “extorsión”.
No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó una presunta “extorsión” hacia el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de que los fiscales aumentaron el monto para lograr un acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
“No es una extorsión, es que, si se revisa el daño causado al erario público ,fue mucho. Claro, no intervino nada más el señor Lozoya, pero él mismo declaró cómo se manejó la relación con Odebrecht, cómo se manejó dinero para comprar votos y aprobar la reforma energética”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina del pasado viernes 21 de julio.
En 2014, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex, la petrolera compró la planta chatarra Agronitrogenados por 460 millones de dólares, pese a que llevaba 14 años sin funcionar.
La FGR acusó a Emilio Lozoya de haber recibido sobornos para que Pemex le comprara la planta de fertilizantes chatarra a la empresa Altos Hornos de México, dirigida por el empresario Alonso Ancira que también fue investigado por este caso.
Desde el año pasado, la defensa de Emilio Lozoya buscó que las autoridades aceptaran un acuerdo reparatorio, con el fin de que el exfuncionario federal acceda a un criterio de oportunidad con el que se extinguiera la acción penal en su contra.
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