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Matan la policía y el ejército al menos a 18 manifestantes en Myanmar: ONU
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Al menos 18 personas murieron y más de 30 resultaron heridas ayer cuando las fuerzas de seguridad de Myanmar reprimieron protestas contra el reciente golpe de Estado, informó la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a la comunidad internacional que envíe un mensaje claro a los militares en Myanmar para exigir que cese la represión y se respete la voluntad del pueblo, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
Se trató del día más sangriento de las ya varias semanas de manifestaciones contra el golpe militar. Myanmar está sumido en el caos desde que el ejército tomó el poder y detuvo a la líder del gobierno electo Aung San Suu Kyi y a gran parte de los directivos de su partido el primero de febrero pasado, al alegar fraude en los comicios de noviembre que su partido ganó de forma aplastante.
“La policía y las fuerzas militares han sofocado manifestaciones pacíficas utilizando fuerza letal y fuerza menos que letal que, según información creíble recibida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ha dejado al menos 18 muertos y más de 30 heridos”, indicó la oficina.
“Myanmar es como un campo de batalla”, expresó en Twitter el primer cardenal católico de la nación de mayoría budista, Charles Maung Bo.
La policía salió temprano y abrió fuego en diferentes partes de la ciudad más grande, Yangón, después de que granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y disparos al aire no lograron dispersar a la multitud. Los soldados reforzaron a la policía que también abrió fuego en Dawei, en el sur del país, matando a tres e hiriendo a varios, señaló el político Kyaw Min Htike a Reuters.
El medio de comunicación Myanmar Now informó que dos personas murieron en una protesta en la segunda ciudad de Mandalay.
La fuerza pública disolvió las protestas en otras ciudades, incluidas Lashio, en el noreste, y Myeik, en el sur, expresaron residentes y medios de comunicación.
Suu Kyi, de 75 años, quien pasó casi 15 años bajo arresto domiciliario, enfrenta cargos de importar ilegalmente seis radios walkie-talkie y de violar una ley de desastres naturales al romper los protocolos del coronavirus. La próxima audiencia en su caso es hoy.
